Eduardo Brenta frena los acuerdos y asegura que Mónica Ferrero no da garantías

A la sombra de un comité de base en el barrio Jacinto Vera, el senador Eduardo Brenta se sacó el casete y dinamitó la modorra institucional al referirse al espinoso caso Cardama y a los manejos de la justicia. Ante la militancia reunida al sol de la tarde, el legislador no tuvo pelos en la lengua para confesar lo que la izquierda masculla en despachos cerrados pero esquiva en público: para el Frente Amplio, la fiscal de Corte subrogante, Mónica Ferrero, es una carta marcada que no le otorga ni media garantía al sistema político. La tajante declaración dejó al descubierto el trasfondo de las negociaciones de cabildeo que hoy tienen trancado el Parlamento.

Lejos de los formalismos de sobremesa que imperan en la Torre Ejecutiva, Brenta expuso sin anestesia la estrategia de especulación que maneja su fuerza política. El intercambio de favores institucionales con la oposición —que incluye la renovación de sillones calientes en la Corte Electoral y el Tribunal de Cuentas— quedó atado de pies y manos a una exigencia inflexible: si el Partido Nacional pretende acomodar a sus fichas en los organismos de contralor, tendrá que rifar la continuidad de Ferrero en la cima de los fiscales. Un toma y daca en toda regla que exhibe cómo la corporación política utiliza los resortes de la justicia como moneda de cambio para repartirse las cuotas de poder.

El trasfondo del portazo y la sombra de Cardama

El dardo disparado contra Ferrero no es un capricho discursivo, sino la consecuencia lógica de un malestar acumulado por el manejo de carpetas sensibles que salpican al poder de turno, desde el fallido negociado de las patrulleras oceánicas al astillero español Francisco Cardama SA —un desfalco monumental que hipotecó millones de dólares del Estado— hasta las esquivas investigaciones sobre jerarcas comunales y figuras de la coalición. Mientras el oficialismo agita las banderas de la transparencia para rasgarse las vestiduras con las cifras tiradas a la basura, en el barro de la rosca legislativa se opera a cielo abierto para digitar quién investiga a quién.

Con esta jugada, Brenta oficializó el chantaje político: trancar la pizarra de los acuerdos estatales hasta lograr remover a una jerarca que asumió de rebote y que, según el criterio del FA, no ha sabido o no ha querido cortar con la lógica de protección corporativa. Los blancos se abroquelan en defender la independencia técnica de la Fiscalía, pero el mensaje bajado desde el comité de base revela la peor cara de la partidocracia uruguaya, donde la independencia de los poderes se negocia al peso del voto y la Fiscalía general se convierte en el botín de guerra más codiciado de la contienda electoral.