Vuelven las comisarías: el gobierno reflota las seccionales tras años de cháchara política

Años enteros de discursos vacíos y despachos iluminados quedaron oficialmente sepultados esta semana, cuando el Ministerio del Interior tuvo que morderse la lengua y admitir lo que todo el mundo veía en los barrios: vaciar las seccionales policiales fue un disparate monumental. En una movida de comando ampliado, la nueva gestión de la Jefatura de Montevideo, ahora bajo la batuta de Alfredo Clavijo, anunció que pateará el tablero para maquillar el desastre operativo heredado y devolverle algo de vida a las comisarías. El paquete de medidas apunta, supuestamente, a «adecuar» unidades que quedaron reducidas a cáscaras vacías, con funcionarios tapados de burocracia y vecinos desatendidos que tienen que peregrinar horas para radicar una denuncia.

El ministro Carlos Negro, secundado por la plana mayor de la cartera, tuvo que salir a reconocer lo obvio ante los micrófonos: que la relación entre la seccional y la gente está rota y que se necesita una urgente reeducación de la tarea policial. La promesa ahora es bajar los tiempos de respuesta y sumar músculo operativo a las comisarías. Claro que para solucionar el agujero negro de personal recurren a un viejo clásico de la improvisación estatal: incorporar setenta becarios este mismo mes de setiembre —arrastrados a las seccionales y comisarías de violencia doméstica— y otros ciento veinte estudiantes a partir de octubre. Un ejército de aprendices para tapar las goteras de un barco que hace agua por todos lados.

El fracaso de la receta tecnócrata y el costo de vaciar los barrios

Para entender este papelón hay que remontarse a la gestión del cuestionado Mario Layera, allá por 2016, cuando desde las altas esferas del FA se inventó el famoso PADO y se impuso la bajada de línea de que la Policía tenía que patrullar únicamente las grandes avenidas y las llamadas «zonas calientes», desguarneciendo por completo a las seccionales barriales. Los genios de escritorio de aquel entonces decretaron que los policías dentro de las comisarías no servían para nada y que había que sacarlos a la calle a boquear asfalto. El resultado a la vista: comisarías tapiadas, vecinos completamente abandonados a su suerte y una desconfianza ciudadana que se metió hasta los caracoles.

Lo gracioso —o más bien patético— es que la oposición tampoco se salva del mamarracho. Cabildo Abierto hizo campaña durante años con la cantinela de reabrir las seccionales y llenarse la boca con promesas de comisarías de alto impacto, mientras que el Partido Nacional se gastó fortunas cortando cintas en 2020 y 2021 para reinaugurar casillas que se caían a pedazos. Todos se llenaron la boca hablando de cercanía, pero la realidad es que el vecino de a pie sigue sufriendo la desidia institucional cada vez que le entran a robar a la casa y tiene que esperar horas a que aparezca un móvil desvencijado. Ahora, este nuevo intento de lavado de cara demuestra que, gobierne quien gobierne, la seguridad pública sigue a los tumbos, improvisando sobre la marcha y tratando de arreglar con parches de cartón pintado un sistema policial carcomido por la burocracia y la desidia política.