El premio al delito y la farsa ética en el Partido Nacional
La impunidad no solo se tolera en el Partido Nacional: se presupuesta. La designación de Pablo Caram —un exintendente condenado por la Justicia por omitir la denuncia de delitos en una trama de corrupción municipal— al frente del Cecoed de Artigas con un sueldo de 170.000 pesos es un insulto directo a la ciudadanía y la confirmación de que la ética blanca es un eslogan de campaña que se archiva apenas estorba a la caja electoral.
El lavado de manos de la dirigencia
Resulta penoso el espectáculo brindado por la cúpula nacionalista. Escudarse en que la devolución de un sillón público a Caram es una «decisión personal» del intendente Emiliano Soravilla representa una cobardía política alarmante. El presidente del Directorio, Álvaro Delgado, prefirió lavarse las manos como Poncio Pilato antes que marcar una línea moral elemental. Calificar un cargo de confianza de 170 mil pesos como un asunto puramente individual equivale a tratar a la gente de ingenua y avalar que los feudos departamentales se gestionen como agencias de colocación para condenados por la Justicia.
El discurso hueco de la honorabilidad
Mientras se organizan actos para dar cátedra sobre la «honorabilidad» de los dirigentes y la necesidad de cuidar la política, el partido le otorga un premio de consolación en la intendencia artiguense a quien manchó la gestión pública. La narrativa de la transparencia se desmorona frente a la fría realidad del clientelismo: los votos de la familia Caram en el norte pesan más que la ley, la decencia y la dignidad institucional.
Una Comisión de Ética que es un adorno
El episodio expone la inoperancia calculada de los mecanismos internos de control. La Comisión de Ética del Partido Nacional no es más que un tribunal de utilería: no actuó de oficio ante la reincorporación de Caram, miró para otro lado con los ediles de Montevideo para evitar ruidos sectoriales y arrastró los pies en el caso Penadés. El órgano ético funciona únicamente como un elemento decorativo que se apaga cada vez que las irregularidades involucran a caciques con caudal electoral.
El miserable consuelo del whataboutism
Que la defensa interna ante este acomodo escandaloso sea recordar el caso de Fernando Lorenzo en el Frente Amplio confirma una bancarrota moral absoluta. Usar el «ellos también lo hacen» como escudo para justificar la impunidad propia demuestra que no hay intención de elevar la vara, sino de revolcarse en el mismo barro.
Recompensar a un condenado por la Justicia con un sueldo millonario financiado por los contribuyentes no es una «forma de aportar experiencia», como pretende argumentar Caram; es una bofetada a quien trabaja honestamente y la prueba irrefutable de que, en la estructura blanca, la ética es optativa y los favores a los condenados se pagan con dinero público.





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