La polémica en torno al Ministerio de Salud Pública (MSP) sumó un nuevo y categórico revés institucional que deja a la secretaria de Estado, Cristina Lustemberg, en el centro de la tormenta política. Un informe técnico de la Asesoría Jurídica de la Presidencia de la República —al que accedió El País— contradijo abiertamente los fundamentos esgrimidos por la cartera y tildó de “arbitraria” la resolución que en octubre de 2025 redujo de cinco a tres años la inhabilitación de la anestesista Inés Miralles, condenada por la muerte de la pediatra Soledad Barrera.
El dictamen de Torre Ejecutiva, fechado el 5 de noviembre y elevado al secretario de la Presidencia, Alejandro Sánchez, con las firmas de los abogados Mariana Errazquin y Gonzalo Chiribao, marca una distancia insalvable con el criterio sostenido por el hoy exdirector de Servicios Jurídicos del MSP, Martín Esposto, quien renunció a su cargo en medio del escándalo. Aunque el informe presidencial respalda la decisión de restituir la sanción original de cinco años, rechaza tajantemente la necesidad de invocar «hechos nuevos» para justificar el cambio de rumbo.
El choque de criterios y la caída del argumento oficial
En las últimas horas, la ministra Lustemberg había intentado blindar su gestión argumentando que la marcha atrás en la sanción se debió a la aparición de elementos novedosos, señalando puntualmente la condena penal por homicidio culposo dictada en diciembre de 2025 contra la médica tras un proceso abreviado. Este razonamiento se apoyaba en un informe emitido el pasado 28 de octubre por el propio Esposto, quien intentó sostener que la rebaja inicial estuvo ajustada a derecho pero que la sentencia judicial obligaba a rectificar el rumbo.
Sin embargo, los asesores jurídicos de Presidencia demolieron esa coartada. En el documento expresaron de forma tajante que no acompañan el fundamento jurídico del MSP, debido a que las graves fallas asistenciales y los apartamientos a la lex artis ya se encontraban plenamente acreditados en el expediente administrativo desde diciembre de 2024, mucho antes de la resolución judicial penal. Para Torre Ejecutiva, nunca debió haberse reducido la pena, una medida que en su momento generó tal indignación que provocó la renuncia masiva de 11 de los 13 integrantes de la Comisión Honoraria de Salud Pública.
Las graves fallas y el cuestionamiento a la «arbitrariedad»
El informe repasa minuciosamente las irregularidades cometidas por Miralles durante la intervención quirúrgica que derivó en el fallecimiento de la doctora Soledad Barrera. Entre los puntos críticos, el dictamen señala que la anestesista omitió valorar correctamente la severidad del agravio encefálico e interpretó de manera errónea las señales clínicas, lo que la llevó a extubar a la paciente de forma apresurada.
Posteriormente, mantuvo a la víctima en el área de recuperación postanestésica durante un lapso «inexplicablemente prolongado» de cinco minutos, en lugar de trasladarla intubada y ventilada a la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) donde ya la esperaban. Asimismo, la investigación interna comprobó que la médica se retiró del block operatorio en dos oportunidades —una para ir al baño y otra para lavarse la cara por una «sensación de embotamiento»— sin dar aviso a viva voz al equipo ni dejar a nadie capacitado monitoreando al paciente, además de omitir el registro de los controles.
Ante este panorama, la Asesoría Jurídica de Presidencia calificó de «arbitrario» el criterio adoptado en octubre de 2025 por el MSP. Sostuvieron que la cartera acudió a «fórmulas genéricas» sin citar antecedentes análogos ni justificar cómo se adaptaba la rebaja a los principios de discrecionalidad, proporcionalidad y gradualidad, afectando de este modo la legalidad del acto administrativo.
Renuncias en cadena e interpelación en ciernes
El terremoto político no se detiene en los despachos técnicos. La salida de Martín Esposto de la dirección de Servicios Jurídicos del MSP —formalizada a través de una breve carta donde aludió a razones personales y lealtad institucional— dejó al desnudo la fragilidad en la defensa de los actos ministeriales. Esposto había firmado tanto el informe original que abarató la pena como el posterior pedido de rectificación.
Mientras tanto, la oposición política avanza sin pausa. Con el respaldo confirmado del Partido Nacional, el Partido Colorado, el Partido Independiente e Identidad Soberana, la ministra Cristina Lustemberg deberá afrontar próximamente una interpelación en la Cámara de Representantes para dar explicaciones sobre un manejo administrativo que quedó expuesto y fuertemente cuestionado desde el propio corazón de Torre Ejecutiva.
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