Un indignante caso de despido abusivo en ASSE fue sentenciado y castigado de forma inapelable por la Justicia laboral, desnudando una vez más cómo las autoridades de turno manipulan la estructura del principal prestador de salud del país como si fuera un comité de base o un feudo partidario. El Tribunal de Apelaciones del Trabajo de 4º turno concluyó de manera unánime que la desvinculación de la jefa de la Secretaría de Dirección del Centro Auxiliar de Pando no respondió a razones de servicio, rendimiento o presupuesto, sino a una burda persecución política destinada a desalojar a una trabajadora vinculada al Partido Nacional para colocar en su puesto a una militante del Frente Amplio.
La sentencia judicial, fechada el 22 de abril de 2026 y firmada por los ministros Adolfo Fernández de la Vega, Sylvia de Camilli y Verónica Lamela, destrozó los endebles argumentos esgrimidos por la Comisión de Apoyo de la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE). El organismo intentó disfrazar la expulsión bajo la causal de un supuesto «fin de contrato» al producirse el relevo de autoridades nacionales, negándose en una primera instancia a pagar siquiera la indemnización por despido común que por ley le correspondía a la trabajadora.
El fallo califica la actuación de la patronal pública como un atropello inexcusable y determinó que el cese estuvo impulsado por un «móvil extralaboral, vinculado a su orientación política partidaria», lo que habilitó una condena económica agravada. En total, la desprolijidad y el sectarismo de las autoridades obligaron a desembolsar de los fondos públicos la suma de $ 571.228, dinero que salió de los impuestos de los contribuyentes y que debió estar destinado a la atención de los usuarios más vulnerables del sistema sanitario.
La maquinaria del acomodo y el despido abusivo en ASSE
El expediente judicial saca a la luz la radiografía completa del clientelismo estructural que carcome a la salud pública uruguaya desde hace décadas, donde los cargos no se concursan por idoneidad técnica, sino que se reparten por favores políticos. La propia demandante, Patricia Pelizzari, reconoció en el proceso que ingresó a trabajar en diciembre de 2020 gracias a «contactos políticos con el Partido Nacional«, obteniendo un contrato administrativo que, si bien comenzó como un período de prueba de 90 días, se renovó de forma ininterrumpida hasta transformarse en un vínculo laboral de carácter permanente.
Sin embargo, cuando cambió el color del gobierno y asumieron las nuevas autoridades en el Centro Auxiliar de Pando en abril de 2025, la administración aplicó la vieja receta del revanchismo: dar de baja a la secretaria por su filiación blanca para nombrar en su lugar a una allegada al nuevo oficialismo. Para eludir las obligaciones patronales, la Comisión de Apoyo inscribió la baja ante el Banco de Previsión Social (BPS) como un mero vencimiento de plazo contractual, privando a la trabajadora de su sustento y de su liquidación legal.
Los magistrados fueron tajantes al desarmar la coartada oficialista:
Contrato por tiempo indeterminado: La Justicia acreditó que la funcionaria no tenía un contrato a término ni ocupaba un cargo político de particular confianza, sino que era personal administrativo permanente que gozaba de estabilidad laboral.
Discriminación ideológica probada: Los testimonios de los propios funcionarios del centro de salud confirmaron que el único motivo para removerla de su puesto fue su pertenencia partidaria.
Prácticas ilegales naturalizadas: El tribunal fustigó la pretendida costumbre de barrer con el personal administrativo cada vez que cambia la dirección de un hospital, advirtiendo que ninguna «práctica habitual» puede pisotear el derecho laboral ni los derechos constitucionales.
Litigio forzado: La trabajadora se vio obligada a costear un largo proceso judicial debido a que ASSE desconoció sus reclamos en el Ministerio de Trabajo y recién tres meses después intentó depositar tardíamente el despido básico en una cuenta judicial para frenar el juicio.
Despilfarro de fondos públicos mientras la salud carece de recursos
El impacto de este fallo va mucho más allá del resarcimiento individual; representa una bofetada a la ciudadanía que financia con sus tributos un sistema asistencial colapsado. Mientras los hospitales públicos padecen demoras interminables en policlínicas, renuncias masivas de especialistas pediátricos, falta de ambulancias en el interior y carencia crónica de medicamentos de primera línea, la cúpula de ASSE dilapida cientos de miles de pesos en multas, intereses y recargos judiciales provocados exclusivamente por su soberbia y su sectarismo ideológico.
La Comisión de Apoyo de ASSE ha funcionado históricamente como una zona gris, una verdadera estructura paralela creada para flexibilizar contrataciones que termina siendo utilizada como una agencia de colocación de militantes al margen de los controles del estatuto del funcionario público. Cuando la Justicia interviene y pone límites a la arbitrariedad, los jerarcas responsables de firmar las ceses ilegales no responden con su patrimonio personal: la cuenta la terminan pagando los usuarios de los hospitales públicos mediante recortes en los servicios asistenciales.
El pago efectivo de los $ 571.228 ejecutado el 17 de junio de 2026 cierra el capítulo judicial pero abre una herida ética insoslayable. Resulta inadmisible que una institución cuya misión primordial es velar por la salud y la vida de los uruguayos actúe con la lógica de un botín de guerra partidario, castigando a los trabajadores según la lista que votan y despilfarrando el dinero de la gente en juicios que estaban perdidos desde el primer día por la manifiesta ilegalidad del procedimiento.
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