En el marco de su visita oficial a Uruguay, el vicepresidente de El Salvador, Félix Ulloa, dejó importantes definiciones políticas y confirmó un nuevo paso en la estrategia de seguridad de su país durante su paso por el programa Esta boca es mía (Canal 12): la construcción de un nuevo Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT) de mayor capacidad, enfocado esta vez en albergar a funcionarios y exfuncionarios acusados de corrupción.
Durante su paso por Montevideo, donde mantuvo una agenda enfocada en el análisis institucional, el intercambio comercial y las relaciones bilaterales, Ulloa explicó que el nuevo predio carcelario fue adquirido en una zona rural, lejos de los centros urbanos, ocupando una extensión de 230 acres. Según detalló el jerarca, la ubicación responde a la necesidad de blindar el sistema penitenciario para evitar que las cárceles vuelvan a operar como centros de coordinación delictiva, cortando de raíz cualquier intento de burlar los controles.
El anuncio formulado por Félix Ulloa busca despejar dudas sobre el alcance real de la administración de Nayib Bukele, ratificando que la ofensiva estatal no se limita exclusivamente al combate de las pandillas, sino que se extenderá con la misma firmeza hacia la clase política y los delitos de corrupción. En este sentido, recordó que el gobierno heredó un Estado severamente golpeado por gestiones anteriores marcadas por el desfalco de fondos públicos y altos índices de impunidad, por lo que el nuevo penal funcionará como una herramienta clave para sancionar los abusos de poder.
La presencia de Ulloa en Uruguay generó un intenso debate y una amplia repercusión en la opinión pública local, dividida entre quienes observan con atención el drástico descenso de los índices de homicidios y el abrumador respaldo popular que ostenta el Ejecutivo salvadoreño, y los sectores que cuestionan los mecanismos excepcionales y su impacto en las garantías constitucionales. Ante las consultas del panel periodístico, el vicepresidente defendió la legitimidad del régimen de excepción, argumentando que las suspensiones de garantías se aplican estrictamente a estructuras criminales y no al ciudadano común.
Hacia adelante, la proyección de estas medidas confirma que el gobierno centroamericano busca consolidar un cambio estructural definitivo en su matriz institucional. Con el respaldo de una alta aprobación ciudadana y la promesa de extender la mano firme hacia los delitos de cuello blanco, las declaraciones de Félix Ulloa desde Montevideo reavivaron la discusión regional sobre los modelos de seguridad, gobernabilidad y el rol del Estado frente a la delincuencia organizada.
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