Una grave situación de violencia volvió a conmocionar las instalaciones del Instituto Nacional de Inclusión Social Adolescente (Inisa) y puso al descubierto las peligrosas fallas del sistema de rehabilitación de menores. Durante la tarde del martes, en el centro ubicado en la intersección de las avenidas José Belloni y Aparicio Saravia, en Montevideo, un educador resultó con una seria fractura de caballete nasal tras ser atacado a traición por un recluso que, pese a ser mayor de edad y contar con antecedentes en el sistema penitenciario de adultos, continúa alojado en dependencias pensadas para la minoridad.
El incidente se desató en el patio del establecimiento cuando el trabajador cumplía con las tareas habituales de rutina e indicó a un grupo de internos que debían reingresar al edificio. Uno de los reclusos se negó rotundamente a acatar la orden y, de forma imprevista y sin mediar discusión previa, le propinó un letal puñetazo directo al rostro. El fuerte impacto le provocó una fractura desplazada que obligó a su traslado de urgencia a la central asistencial del Hospital del Banco de Seguros del Estado (BSE), donde permanece internado a la espera de una intervención quirúrgica reconstructiva.
Un vacío legal que expone a los educadores
La agresión no constituye un hecho aislado, sino que expone una contradicción legal que el sindicato de trabajadores viene denunciando desde hace años. El agresor en cuestión es un adulto que, estando internado originalmente en el Inisa por delitos cometidos durante su adolescencia, cometió un nuevo ilícito siendo mayor de edad. Por esta última causa fue derivado temporalmente a una cárcel común del sistema penitenciario para adultos, pero tras cumplir esa condena específica, fue reintegrado al Inisa para terminar de abonar las medidas delictivas impuestas en su etapa menor.
Esta ida y vuelta entre el sistema penitenciario adulto y la internación juvenil genera una distorsión crítica en la convivencia interna de los centros de rehabilitación. Los reclusos que experimentan el régimen penitenciario de adultos regresan a las dependencias del Inisa con códigos de violencia endurecidos y dinámicas de sometimiento que destruyen cualquier tentativa pedagógica, vulnerando la seguridad del personal y contagiando patrones delictivos a los adolescentes que están iniciando sus procesos de inserción social.
La problemática de la minoridad en la agenda regional
El debate sobre la convivencia de delincuentes mayores de edad con adolescentes en espacios de inclusión refleja una problemática extendida en varios países de América Latina. En la región, los marcos normativos sobre responsabilidad penal juvenil suelen generar zonas grises al momento de gestionar a aquellos jóvenes que cumplen los 18 años dentro del sistema formativo, o que intercalan penas entre la justicia de menores y la de adultos.
La falta de módulos de máxima seguridad o de centros de transición especializados para reclusos mayores con perfiles violentos deja desprotegidos a los equipos docentes y de custodia. Cuando el Estado no adecua la infraestructura al perfil criminológico real de la población interna, el riesgo de agresiones severas hacia los funcionarios se incrementa de forma alarmante, transformando a los institutos de inclusión en verdaderos polvorines.
La contundente postura del gremio y el reclamo de soluciones
La repercusión institucional fue inmediata. José Lorenzo López, presidente del Sindicato de Trabajadores del INAU e Inisa (Suinau), alzó la voz para visibilizar el riesgo cotidiano que enfrentan los trabajadores de primera línea. El dirigente explicó que la permanencia de internos mayores de edad condenados por hechos de extrema gravedad y con experiencia en comisarías o penales comunes destruye el sentido de la institución y somete al personal a un nivel de exposición inaceptable.
A través de un duro comunicado de prensa, el gremio exigió a las autoridades gubernamentales y al Poder Judicial la adopción de medidas urgentes de «sentido común» para frenar el retorno de adultos con antecedentes penales al sistema juvenil. «Los trabajadores del sistema no pueden ser quienes paguen las consecuencias de la falta de sentido común en la aplicación de las leyes», remarcaron desde el sindicato, exigiendo cambios normativos que garanticen que ningún funcionario deba arriesgar su integridad física dentro de su lugar de trabajo.
Hacia una reformulación urgente del sistema
El violento ataque registrado en el centro de Belloni y Aparicio Saravia marca un límite insostenible para la gestión del Inisa. La recuperación del educador internado en el BSE requerirá semanas de tratamiento médico, pero las secuelas operativas en la moral del personal perdurarán mucho más tiempo si no se aplican reformas estructurales.
Resta aguardar si las autoridades del directorio y los legisladores tomarán cartas en el asunto para modificar el régimen de internación de mayores. La sociedad y los trabajadores demandan con urgencia un marco institucional donde la inclusión no se traduzca en impunidad y donde la seguridad de los funcionarios sea una prioridad garantizada por el Estado.
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