El Banco de la República propone fijar criterios técnicos para el incremento del salario mínimo en 2027
El director del Banco de la República, Leonardo Villar, manifestó su postura respecto a la discusión sobre el aumento del salario mínimo para el próximo año. En sus declaraciones, hizo un llamado a que la decisión se base en criterios técnicos que permitan mantener controlada la inflación en 2027 y, al mismo tiempo, otorgar al banco central la flexibilidad necesaria para suavizar su política monetaria restrictiva. Concretamente, estimó que la inflación cerrará este año en torno al 6,5% a 6,7%.
Perspectivas sobre la inflación y los ajustes salariales
Villar insistió en que la discusión sobre el salario mínimo debe centrarse no solo en la inflación prevista para 2026, que según datos del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) cerró en octubre en un 6,30%, sino también en su evolución futura. El directivo señaló que, para aliviar la política monetaria del país, sería conveniente que los incrementos salariales futuros sean coherentes con una trayectoria descendente de los precios.
«Es un mensaje muy importante y, por lo tanto, debemos retornar a ajustes acordes con la situación económica, donde se tenga en cuenta no solamente que la inflación, que podría terminar este año en torno al 6% o 7%, sino que también debería hacerse un esfuerzo para que el próximo año retornemos a una inflación más baja. Creo que sería muy importante para que el Banco de la República no tenga que mantener una política tan restrictiva», afirmó durante la presentación del informe económico: Colombia 2026, elaborado por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).
El marco legal y la productividad en el aumento salarial
Villar recordó que el incremento salarial tiene un límite constitucional, que establece que no puede ser inferior a la inflación observada y debe reconocer el aumento en productividad. «Hay una sentencia de la Corte Constitucional que señala que el aumento del salario mínimo debe ser, cuando menos, igual a la inflación registrada, sumándole además un componente que refleje el incremento en productividad», explicó. Esta imposición legal busca equilibrar los derechos de los trabajadores con las condiciones económicas del país.
El poder adquisitivo y las implicaciones futuras
El gerente del Banco de la República también destacó que el poder adquisitivo real de los trabajadores en 2027 estará condicionado por la evolución de los precios durante ese período. «El salario real dependerá de qué tan efectiva sea la reducción de la inflación. Si logramos bajar los precios, este aumento tendrá un mayor impacto en la capacidad de compra de los trabajadores», añadió. Además, subrayó que una disminución de la inflación permitirá que el banco central adopte una política monetaria menos restrictiva, beneficiando el crecimiento económico.
Opiniones de expertos y propuestas alternativas
Por su parte, el exministro de Agricultura, Rubén Darío Lizarralde, propuso un incremento cercano al 7%, sujeto a la inflación definitiva de 2026 y al comportamiento de la productividad. En un video publicado en redes sociales, rechazó que dicha decisión tenga motivaciones políticas y aseguró que responde a una lógica económica responsable.
Lizarralde alertó sobre el riesgo de estanflación —una situación donde el crecimiento se estanca, la inflación se mantiene elevada y el empleo se deteriora—. Mencionó que la inflación en octubre alcanzó el 6,3%, y que el Banco de la República proyecta un cierre del año en 7,1%. «Esta combinación es especialmente peligrosa porque perjudica especialmente a los más pobres», advirtió.
De igual manera, resaltó que más de la mitad de los trabajadores en Colombia, concretamente el 54,5%, opera en la informalidad. Según su análisis, un aumento del salario mínimo desconectado de la productividad podría elevar los costos laborales, presionar los precios e impactar negativamente en la inversión, además de dejar a millones sin seguridad social, prestaciones o pensión.
Consideraciones sobre empleo, productividad y equidad social
El exministro sostuvo que para ampliar la generación de empleo formal, Colombia necesita disciplina fiscal, mayor inversión y aumento en la productividad. «El progreso social genuino no se resume en elevar el salario mínimo; también debe incluir mejoras en los ingresos, prestaciones y pensiones», afirmó. Con ello, enfatizó que no es posible redistribuir la riqueza sin antes producirla.
La Comisión Permanente de Concertación de Políticas Salariales y Laborales (Cpcpsl) tiene previsto iniciar el 26 de noviembre sesiones técnicas para analizar la productividad, en un diálogo que reúne a representantes de empleadores y sindicatos. La ministra del Trabajo, Natalia López Fuentes, preside este espacio de discusión.
Las fechas clave de la discusión incluyen el 9 de diciembre, cuando se presentarán las cifras oficiales de inflación y proyecciones económicas, y el 10 de diciembre, momento en el que cada sector presentará su propuesta formal de incremento salarial para 2027. La Asociación Colombiana de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (Acopi), por ejemplo, aún no ha definido un monto, esperando los datos definitivos del Dane. Su presidenta, María Elena Ospina, explicó que consideran fundamental conocer las cifras oficiales antes de realizar propuestas, ya que el salario mínimo influye en múltiples costos indexados para millones de colombianos.
Por otro lado, la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) ha insistido en la necesidad de fijar un “salario mínimo vital y móvil” que permita recuperar el capacidad de compra y reducir la desigualdad. Esta postura contrasta con las posiciones de algunos sectores empresariales, que prefieren un ajuste que no exceda el 9%, considerando tanto la inflación como la productividad, mientras que algunos analistas calculan un incremento cercano al 8,4%. La negociación definitiva buscará equilibrar el aumento del ingreso laboral, la estabilidad de precios y la sostenibilidad de la economía.





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