Colombia

Defensoría del Pueblo advierte sobre drones explosivos y violencia en Norte de Santander

La Defensoría del Pueblo alerta sobre drones explosivos en Sardinata, Norte de Santander, en medio de conflictos entre ELN y disidencias de las Farc.

Defensoría del Pueblo advierte sobre drones explosivos y violencia en Norte de Santander
La Defensoría del Pueblo advierte sobre el uso de drones con explosivos en Sardinata, afectando la seguridad de la población civil en la región.

Alerta temprana por el uso de drones con explosivos en Sardinata debido a la escalada de conflictos armados

La Defensoría del Pueblo emitió una alerta temprana en la mañana del domingo 22 de noviembre, alertando sobre la creciente presencia y utilización de drones equipados con explosivos en los corregimientos de Luis Vero y San Martín de Loba, en Sardinata, Norte de Santander. La organización advirtió que esta situación representa un riesgo inminente para la población civil en la zona.

Contexto del conflicto y expansión de la violencia

Según la alerta, la disputa en estos corregimientos enfrenta al Ejército de Liberación Nacional (ELN) y al Frente 33 de las disidencias de las extintas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc), ambos en lucha por el control territorial y poblacional en esta parte del Catatumbo. La lucha ha resultado en una serie de incidentes con el empleo de vehículos aéreos no tripulados (drones) modificados para lanzar artefactos explosivos, generando una grave preocupación por la seguridad de los residentes.

Incidentes reportados y aumento de ataques con drones

Durante el mes de septiembre de 2026, la Defensoría identificó al menos cinco hechos relacionados con el uso de drones en las veredas La Fría, Chiquinquirá y La Mesa, donde se registraron golpes con artefactos explosivos. En octubre, nuevos incidentes ocurrieron en el parque principal de Luis Vero, en el templo parroquial San Martín de Porres y en la vereda Corinto, perteneciente a San Martín de Loba. También se reportó la caída de drones en cercanías de la Institución Educativa La Divina Esperanza en medio de actividades académicas.

Impacto en las comunidades y riesgos para la población civil

La utilización de drones armados en zonas densamente pobladas ha puesto en peligro directo a los civiles, bienes e infraestructura comunitaria. La situación ha alterado la rutina escolar y familiar, con familias que han acudido a recoger a sus hijos por temor a ataques mientras que los estudiantes en la escuela Planadas han suspendido las clases presenciales ante la presencia presunta de artefactos explosivos improvisados en la región.

La población estimada en estos corregimientos supera las 5.400 personas, distribuidas entre unos 3.000 habitantes en Luis Vero y 2.400 en San Martín de Loba. Las comunidades enfrentan riesgos de desplazamiento, confinamiento y reclutamiento ilícito de menores, además de confrontar amenazas y hostigamientos por parte de grupos armados en una zona cuya economía depende principalmente de la agricultura y la minería.

Consecuencias de la violencia y medidas de protección

El 19 de octubre, al menos cinco civiles resultaron heridos en medio de los enfrentamientos, y varias familias tuvieron que abandonar sus viviendas tras ser alcanzadas por explosivos lanzados desde drones. Algunas de estas familias se han reunido durante las noches en una sola vivienda para protegerse, mientras otras han salido de sus casas portando banderas blancas en señal de vulnerabilidad.

Este escenario afecta tanto a hogares como a instituciones educativas, centros de salud, iglesias y espacios deportivos, en una dinámica que ha generado un aumento en los desplazamientos forzados y en la restricción de la movilidad en la región.

Recomendaciones y acciones del Estado para mitigar la situación

En respuesta a esta emergencia, la Defensoría del Pueblo formuló quince recomendaciones dirigidas a diferentes entidades nacionales, departamentales y municipales para proteger a las comunidades afectadas y avanzar en la investigación de estos ataques. Entre ellas, destaca la solicitud al Ministerio del Interior de coordinar una respuesta rápida a través de la Comisión Intersectorial para la Respuesta Rápida a las Alertas Tempranas, involucrando a la Gobernación de Norte de Santander y la Alcaldía de Sardinata.

Asimismo, se exhorta al Ministerio de Defensa, las Fuerzas Militares y la Policía a reforzar el análisis y las estrategias de prevención frente al uso de drones armados, tomando medidas que protejan a civiles y bienes sin aumentar los riesgos hacia las comunidades. La Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd) también deberá colaborar en la implementación de mecanismos comunitarios de alerta, que incluyan alarmas sonoras, sistemas de aviso y protocolos de autoprotección, siempre que una evaluación técnica confirme su factibilidad.

Entre las acciones sugeridas se encuentran la elaboración de planes de atención psicosocial, campañas educativas sobre el riesgo de artefactos explosivos, la actualización de los planes de contingencia y la identificación de lugares seguros de refugio. Además, se propone brindar apoyo a los productores rurales que hayan sufrido pérdidas de cultivos, ganado o ingresos por las restricciones derivadas del conflicto.

Por otro lado, la Fiscalía General de la Nación tiene la responsabilidad de fortalecer las investigaciones sobre ataques con drones y explosivos, con el fin de identificar a los responsables tanto materiales como intelectuales, incluyendo redes de suministro y financiamiento de estos aparatos. Las entidades involucradas deberán remitir sus respuestas a la Defensoría del Pueblo, que seguirá de cerca la implementación de las medidas adoptadas.

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