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Trump solicita al Tribunal Supremo que obligue a California a invalidar miles de votos de supuestos “no ciudadanos”

Trump pide al Supremo que invalide 20.000 votos por correo en California, alegando que son de no ciudadanos, antes de las elecciones de medio mandato.

Trump solicita al Tribunal Supremo que obligue a California a invalidar miles de votos de supuestos “no ciudadanos”
Trump busca que el Tribunal Supremo invalide miles de votos por correo en California antes de las elecciones.

Trump solicita al Tribunal Supremo que impida la contabilización de votos por correo en California

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha presentado una petición ante el Tribunal Supremo para que obbligue a las autoridades de California a no incluir aproximadamente 20.000 votos por correo en el recuento electoral, argumentando que estos corresponden a personas que la Administración considera «probables no ciudadanos». La solicitud busca afectar el proceso electoral de las elecciones de medio mandato, que se celebrarán el próximo 3 de noviembre.

Una medida que pone a prueba la mayoría conservadora del Supremo en un escenario de prisa

La iniciativa de la Casa Blanca supone un desafío directo a la mayoría conservadora del Tribunal Supremo, compuesta por seis magistrados frente a tres progresistas, en un contexto de plazos muy ajustados dado que las elecciones están a solo unos días. Ya decenas de millones de estadounidenses han emitido su voto por correo, lo que aumenta la relevancia de la resolución en curso.

Trump presenta esta vía legal contra la decisión del 9º Circuito de Apelaciones, que el pasado viernes rechazó cualquier intervención federal en el conteo de votos en California. La corte confirmó además una resolución previa del juez federal David O. Carter, emitida el 29 de octubre, que denegó una orden de restricción temporal solicitada por el Gobierno.

Decisión judicial y denuncias sobre la interferencia federal en procesos estatales

El juez Carter argumentó que ordenar la suspensión de votos en esta etapa generaría daños significativos y interrumpiría un proceso electoral que ya está en marcha. “Si el Ejecutivo puede descartar votos y amenazar unas elecciones en curso basándose en acusaciones no probadas, entonces nuestra democracia está en riesgo”, advirtió Carter, quien fue nombrado por el expresidente demócrata Bill Clinton. La resolución, además, señala que la intromisión sin precedentes del Gobierno federal en competencias tradicionales de los Estados representa un gesto sin igual en la historia estadounidense.

El fallo también subraya que, mediante esta demanda, «el Ejecutivo pretende que este tribunal considere que gobierna como soberano absoluto», cuando tanto California como su población «son también soberanos», refiriéndose a la autoridad constitucional de los estados.

Contexto de la disputa y preocupaciones sobre la seguridad del proceso electoral

Este caso surgió cuando el Departamento de Justicia entregó a las autoridades del condado de Los Ángeles y a la Secretaría de Estado de California una unidad de almacenamiento con datos de más de 20.000 presuntos no ciudadanos, exigiendo que sus votos fueran segregados en un plazo de 48 horas tras cotejar bases de datos de inmigración y Seguridad Social.

El juez Carter ha cuestionado la fiabilidad de estos procedimientos, recordando que inicialmente el Departamento de Seguridad Nacional identificó en Nevada a cerca de 16.000 posibles no ciudadanos, cifra que se redujo posteriormente a 185 tras revisiones que demostraron que todas eran ciudadanos estadounidenses legales. Acceder a estas demandas basándose en métodos «plagados de incertidumbres y errores» podría conllevar el riesgo de privar del derecho al voto a ciudadanos estadounidenses, advirtió el magistrado.

Además, la resolución advierte que intentar implementar un sistema para excluir estas papeletas a pocos días del día de votación dificultaría que las administraciones locales desarrollen procedimientos adecuados, desviando recursos y poniendo en duda la finalización del recuento y el cumplimiento de los plazos legales del proceso electoral.

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