El Tribunal Supremo de Estados Unidos autorizó este viernes a la Administración de Trump para usar una base de datos federal ampliada que incluye información sobre la ciudadanía, con el fin de revisar si los electores cumplen con los requisitos para votar en las elecciones de mitad de mandato, programadas para el 3 de noviembre.
La corte, compuesta por seis de sus nueve magistrados y con una mayoría conservadora, aceptó una solicitud de emergencia del Gobierno tras decisiones anteriores de tribunales inferiores que consideraron que el uso de la base de datos violaba la privacidad de los ciudadanos y era inapropiado.
La sentencia señala que la orden de la jueza Sparkle Sooknanan, que impedía ampliar la base de datos, dificulta que las agencias estatales y locales realicen una gestión adecuada del censo electoral.
Además, el Tribunal rechaza el argumento sobre la protección de la privacidad, afirmando que el Congreso autorizó al Departamento de Seguridad Nacional a acceder a datos de la Seguridad Social.
El Gobierno puede ampliar el uso de datos de ciudadanía para verificar Votantes
Con esta resolución, el gobierno puede poner en funcionamiento el sistema antes de las elecciones de noviembre, aunque ya había sido rechazado anteriormente por el mismo Tribunal cuando se intentó usar el Servicio Postal para limitar el voto por correo.
El decreto presidencial de Trump, publicado el año pasado, permite recopilar datos de la Administración de Seguridad Social, incluyendo información de ciudadanos, y permite a los Estados realizar búsquedas masivas con el objetivo de depurar sus listas electorales.
A pesar de que la ley federal prohíbe a los Estados eliminar sistemáticamente personas de los censos electorales con más de 90 días de antelación, Trump afirma que busca impedir que no ciudadanos voten.
Estudios previos han demostrado que este tipo de situación es poco común.
Los demandantes, liderados por la Liga de Mujeres Votantes, han advertido que las medidas del presidente ponen en riesgo datos personales y pueden provocar cancelaciones erróneas de inscripciones electorales de ciudadanos.
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