El Gobierno de Nicaragua ha restituido esta semana las propiedades a ocho de los nueve inversores estadounidenses después de que hubieran sido confiscadas en las playas de Tola, en el suroeste del país. Esta medida había sido implementada inicialmente a finales de agosto por las autoridades gubernamentales.
Devolución de propiedades sin documentación oficial
Según informa la cadena Telemundo 51, la devolución de las propiedades, que habrían sido transferidas temporalmente al Instituto Nicaragüense de Seguridad Social (INSS), fue comunicada a los afectados por teléfono, sin que mediara documentación oficial o justificación formal sobre el proceso de confiscación o restitución.
Un inversor continúa sin recuperar sus activos
Aunque se han devuelto ocho complejos residenciales, uno de los inversores continúa sin recuperar sus activos, cuyo valor se estima en unos 50 millones de dólares (unos 45 millones de euros). El afectado ha denunciado la pérdida de una vivienda de lujo, un hotel, una finca y otras propiedades, sin que las autoridades hayan ofrecido explicaciones sobre la persistencia de la medida cautelar sobre su patrimonio.
El inversor relató a la cadena que, al ser tomada su vivienda, las personas que entraron se identificaron como parte del «Gobierno de Nicaragua».
Denuncia del afectado ante la toma de propiedades
«Me avisaron las personas que trabajaban conmigo, diciendo que alguien del Gobierno entró allí, pidió las llaves y sacó a toda la gente», declaró el inversionista estadounidense, quien ha decidido permanecer en el anonimato, a Telemundo.
Investigaciones revelan toma de propiedades
A principios de octubre, varias investigaciones periodísticas revelaron la toma forzada de estas instalaciones, que fueron adscritas al INSS y puestas bajo control estatal. Esto ocurre en el contexto de una serie de expropiaciones que han afectado a jubilados y capitales extranjeros en la costa nicaragüense.
Representantes de los afectados han advertido que la restitución se lleva a cabo sin garantías jurídicas estables, ante la falta de resoluciones formales que amparen la propiedad de los inversores afectados.
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