En la noche del viernes, el presidente del Supremo Tribunal Federal de Brasil, Edson Fachin, emitió un comunicado que da a André Mendonça, juez de la misma corte, un plazo de 72 horas para responder a una solicitud presentada por la Abogacía General de la Unión. La petición busca anular la destitución del director General de la Policía Federal, Andrei Rodrigues, ordenada por Mendonça.
El Magistrado había apartado a Rodrigues y al jefe de Inteligencia de la PF, Leandro Almada da Costa, tras el levantamiento del secreto de sumario sobre informes confidenciales que habían sido elaborados sobre él mismo y sobre Jorge Messias, abogado General del Estado.
El documento oficial del STF, cotejado por EUROPA PRESS, indica claramente que se notifica a Mendonça para que se pronuncie en un plazo de tres días sobre la solicitud presentada por la Abogacía General. La entidad ha solicitado la suspensión provisional de los efectos de su decisión y una explicación detallada sobre los motivos que justifican el acto de destitución.
Abogacía General pide suspensión de destitución del director de la Policía Federal
Jorge Messias, titular de la Abogacía, ha denunciado una violación directa a la prerrogativa constitucional del presidente de la República para nombrar o destituir a los líderes de la Policía Federal. Para él, esta acción representa un riesgo grave para el orden público en sus dimensiones administrativas e institucionales, lo que justifica suspender la decisión tomada por Mendonça.
El juez Mendon, tras levantar el secreto sobre los informes, fue acusado de actuar con fines de orientar investigaciones contra Alexandre de Moraes y Davi Alcolumbre, presidente del Senado, ambos miembros del partido União Brasil-AP. Esto sería visto como una afectación a la imparcialidad judicial y un favorecimiento a grupos políticos específicos.
Además, se señalan posibles delitos de abuso de autoridad, irregularidades administrativas y conductas indebidas en el ejercicio del cargo, especialmente en casos vinculados al Banco Master y al Instituto Nacional de Seguridad Social (INSS). El levantamiento del secreto sobre esos informes fue precedido por una medida similar aplicada a otro documento policial que contenía mensajes enviados por Daniel Vorcaro, expresidente del Banco Master, al juez Alexandre de Moraes. A ese hecho, De Moraes pidió formalmente al Tribunal Supremo que se abriera una investigación contra su colega.
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