Un trágico accidente ferroviario sacudió este miércoles a España tras la violenta colisión entre un tren de alta velocidad de Renfe (AVE) y un convoy de la empresa Iryo en la localidad de Urda, provincia de Toledo. El siniestro, ocurrido en torno a las 8:54 de la mañana en el kilómetro 118 de la línea que conecta Madrid con Andalucía, dejó un saldo preliminar de al menos 68 personas fallecidas y cerca de 80 heridos, de los cuales unos 15 se encuentran en estado grave.
El impacto provocó el descarrilamiento de al menos cuatro vagones que se precipitaron por un terraplén. Las primeras informaciones oficiales proporcionadas por el ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, apuntan a que una «decisión errónea» en el centro de control de Atocha desencadenó el hecho. La caída del sistema de seguridad automatizado LZB obligó a la detención de varios convoyes en un tramo de 63 kilómetros; sin embargo, se impartió la orden de reanudar la marcha con «normalidad» al tren de Renfe pese a que el circuito de vía se encontraba ocupado por la formación de Iryo.
Labores de rescate y medidas institucionales
Tras la activación del Plan Territorial de Emergencias de Castilla-La Mancha (Platecam), los servicios sanitarios y de emergencia desplegaron un operativo masivo para trasladar a los lesionados hacia centros hospitalarios en Toledo, Albacete, Ciudad Real y Alcázar de San Juan, además de derivar pacientes críticos a la Comunidad de Madrid.
El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, compareció desde la zona del siniestro para anunciar tres días de luto oficial y garantizar una investigación a fondo para esclarecer las responsabilidades del caso. En paralelo, comunidades autónomas como Madrid, Andalucía y Extremadura decretaron luto oficial en sus respectivos territorios, mientras la Guardia Civil procedió a interrogar al operador del centro de control al que se le atribuye el fallo en la comunicación.
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