El Congreso Nacional de Honduras aprobó este martes un paquete de reformas penales y procesales de alto impacto destinadas a endurecer la respuesta estatal frente a las maras, pandillas y estructuras de crimen organizado. La normativa, impulsada bajo la denominación de Ley Especial para el Fortalecimiento del Marco Penal y Procesal en el Combate a Asociaciones Terroristas, Maras y Pandillas, recibió 118 votos a favor en el parlamento, con la abstención de 10 diputados del Partido Libertad y Refundación (Libre).
De acuerdo con el presidente del Poder Legislativo, Tomás Zambrano, el dictamen fue elaborado por una Comisión Especial e introduce modificaciones profundas al Código Penal, al Código Procesal Penal y al sistema penitenciario con el propósito de desarticular el control territorial y las capacidades financieras e intimidatorias de estas organizaciones.
Penas severas y prisión preventiva obligatoria
El eje central de la reforma al artículo 587 del Código Penal establece condenas de 30 a 40 años de prisión para los integrantes rasos de asociaciones terroristas. No obstante, la normativa prevé que los cabecillas, directivos, promotores y financistas de estas estructuras afronten penas de hasta prisión perpetua.
Asimismo, la legislación incorpora los tatuajes, símbolos y expresiones visuales como elementos válidos para acreditar la pertenencia a bandas criminales, siempre que su validez probatoria se sustente en peritajes especializados o matrices de asociación reconocidas. Se fijaron además sanciones de 30 a 40 años para quienes elaboren o coloquen grafitis con mensajes amenazantes, facultando a las fuerzas de seguridad para borrar estas marcas en espacios públicos y privados bajo plazos determinados.
En el plano procesal, el decreto instituye la prisión preventiva obligatoria sin posibilidad de medidas cautelares sustitutivas para los imputados por asociación terrorista, quienes deberán cumplir reclusión en módulos de máxima seguridad. En paralelo, el plazo legal para poner a disposición del juez competente a detenidos por delitos graves como asociación terrorista, tráfico de drogas, secuestro y extorsión se amplió a 48 horas debido a la complejidad investigativa.
Modificaciones en el sistema penitenciario y controles especiales
El marco legal aprobado también introduce cambios estructurales en la administración carcelaria. Se dispuso la creación de una Fuerza Especial Penitenciaria para custodiar los recintos de máxima seguridad, ejecutar traslados de reclusos de alto riesgo y disuadir motines. Además, se estableció un registro biométrico obligatorio y la prohibición estricta de realizar nuevos tatuajes dentro de los establecimientos.
El uso de drones en las inmediaciones de las prisiones quedó regulado bajo sanciones penales de cuatro a seis años de prisión, elevándose de seis a ocho años si los dispositivos se emplean para ingresar elementos prohibidos. Por otra parte, se fijó una pena de prisión perpetua para quienes asesinen a integrantes de instituciones del Consejo Nacional de Defensa y Seguridad o del sector justicia por razones vinculadas a sus funciones o cargos. El Poder Ejecutivo dispondrá de un plazo máximo de 30 días calendario para adecuar los reglamentos penitenciarios a partir de la promulgación del decreto en el diario oficial La Gaceta.
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