El contratista Norbert Vonblon Pomare en el centro de investigaciones por presuntas irregularidades en contratos de construcción
La Procuraduría General de la Nación ha iniciado una revisión exhaustiva de antiguos expedientes y contratos asociados con Norbert Vonblon Pomare, quien es conocido por ser contratista en San Andrés y esposo de la representante a la Cámara Elizabeth Jay-Pang Díaz. Entre los antecedentes bajo investigación se encuentra la construcción de la cárcel El Pesebre, ubicada en Antioquia, en la cual dos empresas del empresario suministraron materiales, y que ha sido señalada en una denuncia por presuntas irregularidades en la gestión de anticipos.
Antecedentes y relación con el proyecto penitenciario en Antioquia
Según una investigación realizada por la Unidad Investigativa de El Tiempo, el caso también involucra a Jorge Alfonso Molina García-Mayorga, quien fue procesado por su posible participación en la presentación de garantías bancarias falsas por parte de la Unión Temporal Centros Poblados ante el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (MinTIC). La obra penitenciaria, adjudicada en 2007 por el Fondo Financiero de Proyectos de Desarrollo (Fonade) al Consorcio CMS Cárceles, tuvo un valor inicial de 35.837 millones de pesos.
El consorcio estaba conformado por varias empresas, entre ellas CM Construcciones y Mantenimiento Ltda., Pizano Pradilla Caro Restrepo Ltda., Disico S. A. y Sáenz Ruiz Cadena Ingenieros Civiles S. A. Molina García-Mayorga actuaba como representante legal suplente del grupo y era socio propietario de CM Construcciones.
Investigación sobre posibles irregularidades en la administración de anticipos
Hacia finales del 2007, tras detectar presuntas anomalías en los informes entregados por Molina García-Mayorga, se ordenó una auditoría contable externa. La revisión habría identificado giros de anticipos a contratistas sin las garantías o pólizas correspondientes, incluyendo empresas como Agregados NVP Ltda. y Josefs Concretes Ltda., ambas propiedad de Vonblon y proveedoras de materiales para concretos y morteros.
Estos anticipos, que inicialmente representaban un 15% del monto total del contrato, habrían aumentado a cerca del 40%. Según se reporta, los giros cuestionados alcanzaron los 734 millones de pesos, los cuales habrían sido transferidos a una cuenta de ahorros a nombre del contratista.
Imputaciones y posibles delitos relacionados
Una fuente cercana a la investigación señaló que Vonblon Pomare afirmó haber actuado como tercero de buena fe, asegurando desconocer las retiradas de recursos por parte de Molina García-Mayorga. La misma persona añadió que compartían cuentas bancarias y que el asunto debía ser objeto de investigación por parte de la Fiscalía.
Hasta el momento, la investigación apunta hacia una posible imputación, aunque no se han divulgado detalles sobre el estado actual del proceso legal ni su alcance. Además, la denuncia que originó estas pesquisas fue presentada por Nelson Ríos Villamizar, representante legal de Disico S. A., una de las empresas del consorcio, quien acusó presuntos delitos de falsedad, estafa, abuso de confianza calificado, concierto para delinquir y amenazas.
Vínculos con otros casos de corrupción y obras en San Andrés
El nombre de Molina García-Mayorga también aparece en el escándalo de Centros Poblados, relacionado con la presentación de garantías bancarias falsas para obtener un contrato de conectividad rural del MinTIC. La revisión del caso no atribuye responsabilidad directa a Vonblon en esa situación; sin embargo, se analiza su vínculo comercial con el mencionado procesado.
Otro antecedente relevante es la construcción del hospital Amor y Patria, en San Andrés. Según informes, un tribunal de arbitramento concluyó que las empresas del Consorcio del Norte, en el que Molina García-Mayorga era representante legal, incumplieron parcialmente sus compromisos, principalmente por la falta de entrega de ciertos elementos y obras no ejecutadas. Como consecuencia, dichas empresas fueron condenadas a pagar 1.650 millones de pesos a Fonade.
Reacciones y acciones de las autoridades
Estos cuestionamientos sobre las actividades de Vonblon se dieron a conocer en un contexto en el que el presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, expresó su preocupación durante una visita al archipiélago, dirigiéndose directamente a la representante Elizabeth Jay-Pang Díaz y asegurando que tendría especial vigilancia sobre las irregularidades en la contratación pública en San Andrés. La secretaria de Transparencia de la Presidencia, Cristina Lombana, solicitó a la Fiscalía la revisión de diversos procesos en esa región, incluyendo el caso de la cárcel El Pesebre.
Hasta el momento, las verificaciones solicitadas buscan esclarecer el manejo de los anticipos y movimientos financieros relacionados con la construcción de esta cárcel, así como determinar posibles responsabilidades que puedan derivarse de esas investigaciones.
Por su parte, el abogado de Vonblon fue contactado para ofrecer su versión respecto a los señalamientos. Aunque manifestó su intención de responder, no se había obtenido respuesta al cierre de esta nota. Tampoco fue posible comunicarse con el empresario a través de la representante Elizabeth Jay-Pang.
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