Controversia en la adjudicación de contrato para erradicación manual de cultivos ilícitos
La asignación de un contrato por valor de 60.000 millones de pesos destinados a la erradicación manual de cultivos ilícitos ha generado tensión en los altos niveles del Gobierno colombiano, específicamente entre el presidente Abelardo de la Espriella y la cúpula de la Policía Nacional. Según una investigación publicada por el medio Cambio, el proceso de contratación ha estado marcado por cuestionamientos y polémicas que involucran a diferentes instancias de la institución policial y del Gobierno.
Detalles del proceso y cambios en la adjudicación
El proceso de selección fue abierto en abril de 2026, y en una primera evaluación, realizada el 7 de mayo, ninguna de las tres propuestas presentadas fue habilitada para continuar en la evaluación. Posteriormente, en una segunda revisión, la Unión Temporal EMF 2026, conformada por seis contratistas, cumplió con los requisitos técnicos y económicos, aunque se le encontró que no satisfacía las condiciones jurídicas. La observación principal se centraba en uno de los integrantes de la unión, Rodolfo Eucario Gómez Zuluaga, quien participó como persona natural comerciante, y no pudo acreditar de manera suficiente sus actividades económicas.
El proceso fue declarado desierto por el director de Antinarcóticos, brigadier general William Castaño Ramos, mediante la Resolución 0536, emitida el 23 de junio de 2026. Sin embargo, la Unión Temporal EMF 2026 interpuso un recurso de reposición el 8 de julio, argumentando su derecho a ser reconsiderada. La situación cambió cuando, en una revisión posterior, la Dirección de Antinarcóticos revocó la declaratoria de desierto y, el 31 de agosto, otorgó el contrato a esta misma unión, por un monto de 60.000 millones de pesos.
Vínculos empresariales y controversias adicionales
Una de las compañías que integra la Unión Temporal EMF 2026 mantiene vínculos empresariales con firmas relacionadas con contratos anteriores de erradicación. En particular, el 50% de la Unión pertenece a Transworld Solutions Logística Colombia S. A. S., una empresa constituida en Villavicencio en mayo de 2024, cuyo representante legal es Rafael Hernán Barrera Hurtado. Además, Barrera también representa a Transworld Solutions S. A. S., anteriormente conocida como Interlogística Services S. A. S., que formó parte de la Unión Temporal Global Allianz Group, contratista durante el Gobierno de Iván Duque.
Ambas sociedades, aunque con distintos números de identificación tributaria, comparten el mismo representante legal y número telefónico, lo que ha generado sospechas sobre posibles relaciones empresariales que podrían estar relacionadas con contratos previos en el sector de erradicación. No obstante, Cambio aclaró que estas conexiones no prueban que Carlos Adolfo Niño Vargas, empresario mencionado en investigaciones anteriores por sus supuestas relaciones con contratistas del sector defensa, sea propietario o controlador de la Unión Temporal EMF 2026. Niño tuvo encuentros documentados en 2024 con personas vinculadas a negocios estatales por más de 600.000 millones de pesos y ha sido objeto de diferentes investigaciones periodísticas y judiciales.
Intervenciones gubernamentales y revisión jurídica
Tras la adjudicación, el contrato permaneció sin formalizar durante varias semanas, lo que llevó al presidente De la Espriella a solicitar una revisión de la viabilidad jurídica del proceso, ante la magnitud de los recursos comprometidos. La Unión Temporal presentó una tutela para exigir la firma del contrato. La respuesta del Departamento de Antinarcóticos, en la que reconocían que el expediente físico se encontraba en la Secretaría Jurídica del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre), permitió avanzar en el proceso.
El expediente fue revisado por el director de Dapre, Carlos Andrés Ríos Puerta, quien concluyó que no existían impedimentos jurídicos para continuar con la formalización del contrato. Finalmente, el 8 de octubre de 2026, se suscribió el acuerdo, y poco después, un juzgado declaró superada la controversia, ya que el contrato ya había sido formalizado, aunque sin pronunciarse sobre su legalidad.
Impacto en la relación gubernamental y cuestionamientos sobre control
La controversia también implicó a Jesús Alejandro Barrera Peña, director general de la Policía. Según testimonios, el presidente De la Espriella lo confrontó sobre el contrato durante un viaje en el avión presidencial. Barrera explicó que autorizó la continuación del trámite tras recibir información del general Castaño sobre la necesidad de avanzar en la contratación, aunque afirmó no conocer los detalles ni la magnitud de la acuerdo. Este incidente habría deteriorado la relación entre el mandatario y el director de la Policía.
El contrato adjudicado plantea interrogantes sobre los mecanismos de supervisión y control para verificar la correcta ejecución del mismo, en un contexto en que las cifras oficiales reflejan un aumento en las hectáreas de coca cultivadas, pasando de 143.000 en 2020 a 261.000 en 2024, mientras que la erradicación forzosa disminuyó en el mismo período.
Antecedentes y advertencias de organismos de control
Los antecedentes de procesos similares y observaciones de la Contraloría General de la República informadas en años anteriores, así como los datos del Sistema Integrado de Monitoreo de Cultivos Ilícitos (SIMCI), evidencian la complejidad del marco de la lucha antidrogas en Colombia y la necesidad de mecanismos efectivos de supervisión y transparencia. La Procuraduría también solicitó información en junio de 2026 sobre las reclamaciones y evaluaciones de los proponentes, aunque aclaró que no ordenó la adjudicación del contrato, manteniendo una postura preventiva respecto a los procesos en curso.
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