El aumento del salario mínimo y su impacto fiscal
La reciente decisión del Gobierno de elevar el Salario Mínimo Interprofesional (SMI) antes de las elecciones del 29 de noviembre tiene como consecuencia su exención fiscal en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF). Sin embargo, esta modificación requiere de una reforma legal que aún no ha sido aprobada y que deberá realizarse en la Diputación Permanente o, en su defecto, en el próximo mandato que emerja de los comicios de 2027.
Desde 2018, el salario mínimo ha experimentado una revalorización del 66%, pasando de 735,90 euros mensuales a 1.221 euros en 2026. Este aumento se ha llevado a cabo en dos fases: una primera, la revalorización, aprobada por el Ejecutivo tras consultar a los agentes sociales, que no requiere sanción legislativa parlamentaria; y una segunda, la exención del IRPF, que sí necesita autorización del Congreso, y que ha sido objeto de controversia durante la actual legislatura debido a enfrentamientos entre el Ministerio de Hacienda y el de Trabajo.
Procedimiento y discusión para la actualización del SMI
El incremento del salario mínimo se oficializa mediante un real decreto aprobado por el Consejo de Ministros, en virtud del artículo 27.1 del Estatuto de los Trabajadores, sin necesidad de convalidación en el Congreso. Para determinar la cifra del nuevo SMI, el Ministerio de Trabajo suele solicitar un informe a un comité asesor de expertos técnicos que recomienda porcentajes de incremento con el fin de mantener el poder adquisitivo de los trabajadores.
La fecha límite para que los expertos emitan su recomendación sobre el SMI de 2027 está establecida para el 1 de noviembre. Tras recibir su informe, el Ministerio de Trabajo iniciará un proceso de diálogo social con las principales organizaciones sindicales y empresariales para alcanzar un acuerdo. Sin embargo, los dictámenes de estas mesas de negociación no son vinculantes, y en ocasiones las partes han rechazado las propuestas del Gobierno, lo que permite que la subida se implemente unilateralmente si no hay consenso.
Desafíos en la fiscalidad de los salarios mínimos
La fiscalidad del salario mínimo también presenta desafíos importantes. Hasta hace unos años, los ingresos considerados exentos del IRPF eran muy bajos, situándose en 14.000 euros anuales en los Presupuestos Generales del Estado (PGE) prorrogados hasta 2020. No obstante, con las sucesivas subidas del salario mínimo en los últimos años, este límite quedó obsoleto a partir de 2023, cuando el salario mínimo alcanzó los 15.120 euros anuales.
Para corregir esta discrepancia, el Ejecutivo combinó varias medidas: elevó la reducción por rendimientos del trabajo en los PGE de 2023 y adaptó el reglamento del IRPF para establecer un mínimo exento de retención de 15.000 euros. Sin embargo, a partir de 2024, debido a la ausencia de nuevos presupuestos, ya no basta modificar el reglamento, sino que es necesario realizar cambios legislativos para garantizar que los perceptores del salario mínimo no tengan que pagar IRPF.
En 2024, tras resistencias iniciales, el Gobierno ajustó la fiscalidad mediante un real decreto que elevó el límite exento a 15.876 euros anuales y estableció deducciones fiscales específicas para quienes percibían salarios en torno al SMI, con el fin de evitar que pagaran impuestos en su declaración anual.
Reformas fiscales y futuras revisiones
En 2025, con un salario mínimo de 16.576 euros brutos anuales, el Gobierno aprovechó una ley en trámite en el Congreso para introducir deducciones fiscales de hasta 340 euros para salarios de hasta 18.276 euros. En 2026, cuando el SMI alcanzó los 17.094 euros, se aplicaron ajustes similares a través de un decreto ley destinado también a compensar los efectos fiscales de la crisis en determinadas regiones, con deducciones de hasta 590,89 euros anuales para quienes ingresaran en ese rango.
Por el momento, esta serie de medidas fiscales será la base para gestionar la fiscalidad del salario mínimo en 2027, a la espera de una nueva reforma que ajuste el IRPF a la próxima subida del salario mínimo, la cual deberá obtener la aprobación del Congreso en su momento. Estas modificaciones seguirán siendo un asunto pendiente en la agenda legislativa, ante la necesidad de actualizar los límites y deducciones para evitar que los perceptores del salario más bajo se vean perjudicados en su declaración de la renta.
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