La familia de Eduardo del Castillo en riesgo por amenazas del crimen organizado tras extradición del narcotraficante Marset

El presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, ha asegurado que su familia está en «riesgo» debido a las amenazas de grupos del crimen organizado, situación que asocia directamente con las recientes acciones de su gobierno para desmantelar grandes cárteles del narcotráfico en la región.

Declaraciones de Rodrigo Paz sobre las amenazas

«Mi familia está en riesgo por haber tomado decisiones contra los Marset, contra criminales de alta alcurnia», declaró el mandatario durante la promulgación de la Ley de Prescripción y Consolidación de Depósitos Judiciales, según recoge el diario boliviano ‘El Deber’.

Vulnerabilidad de las autoridades judiciales

Paz aprovechó el evento para destacar la vulnerabilidad de las autoridades judiciales del país, especialmente en las zonas fronterizas. «Sé que un juez sufre en la frontera. Cuando el juez se encuentra indefenso ni siquiera tienen que venir a chantajearlo ni ofrecerle algo; solo con la amenaza ya sienten temor, y es verdad, eso ocurre en Bolivia», reconoció.

Advertencia sobre la impunidad y la violencia

Además, el jefe de Estado advirtió sobre la impunidad y violencia con la que operan estas redes transnacionales. «Imaginen, ante esas mafias que usan armas de grueso calibre, no tienen ni que ofrecerles algo; solo les dicen ‘haz la sentencia que quiero que hagas porque si no tu vida corre peligro'», denunció.

Compromiso en la lucha contra el narcotráfico

A pesar de la gravedad de la situación, el presidente recalcó la necesidad de mantenerse firmes en la lucha contra esta problemática y aseguró que la actuación de su gobierno «por ahora está yendo de buena manera».

Las declaraciones del líder boliviano se producen después de que en marzo pasado se capturara y extraditara a Estados Unidos a Sebastián Marset, líder del denominado Primer Cártel Uruguayo y uno de los criminales más buscados del continente.

Marset, de 34 años, era requerido por delitos de narcotráfico en Paraguay y Bolivia, así como por blanqueo de capitales en Estados Unidos, donde la agencia antidrogas (DEA) ofrecía hasta dos millones de dólares (1,8 millones de euros) por información que facilitara su captura.