El Congreso de Perú avanza en delegación de facultades al Ejecutivo
El Congreso de Perú progresa en el trámite de un dictamen que otorgaría al Poder Ejecutivo la facultad de legislar en materia de seguridad ciudadana y atención al fenómeno El Niño. Esta medida ya cuenta con el visto bueno de la Cámara de Diputados y ahora se encuentra en la Comisión de Constitución, Reglamento y Relaciones Exteriores del Senado para su análisis y debate. De ser aprobada, será sometida a votación en el pleno de la Cámara Alta, según informó Andina Noticias.
Medidas para combatir el crimen y optimizar la seguridad
El dictamen incluye diversas medidas diseñadas para fortalecer la lucha contra la delincuencia y el crimen organizado en Perú. Entre las propuestas destacan el control de los celulares utilizados para cometer delitos, el bloqueo de comunicaciones desde las cárceles, restricciones en el acceso a armas de fuego y reformas al sistema penitenciario, así como el aumento de las penas para delitos de gran repercusión.
Bloqueo de comunicaciones y control de armas
Además, el dictamen permite al Gobierno mejorar los mecanismos de identificación y localización de los equipos celulares utilizados en delitos. Esto implica el registro y la trazabilidad de las líneas ilegales, así como su suspensión y bloqueo. El Organismo Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones (Osiptel) verá ampliadas sus competencias para supervisar a las operadoras en relación con las líneas y equipos ilícitos.
En cuanto al control de armas, el dictamen propone la eliminación de la posibilidad de registrar un número ilimitado de armas bajo las modalidades de caza y deporte. Las denuncias falsas por pérdidas o robos de armas conllevarán la cancelación definitiva de la licencia, y se sancionará penalmente la suplantación de identidad para poseer armas.
Reformas penitenciarias y endurecimiento de sanciones
Se contemplan también reformas en la gestión penitenciaria, incluyendo el uso de cuarteles militares como prisiones para reclusos de baja peligrosidad, bajo la administración del Instituto Nacional Penitenciario (INPE). Además, los adolescentes que cumplan la mayoría de edad mientras estén en centros juveniles por delitos graves, serán trasladados a unidades de máxima seguridad en prisiones comunes.
El endurecimiento de las sanciones afectará a delitos como la extorsión, el sicariato, el secuestro y la minería ilegal, limitando las opciones de conversión de penas y la terminación anticipada. También se modernizará la Ley de Delitos Informáticos para combatir la suplantación de identidad, los fraudes en línea y el uso de tecnología ilícita por organizaciones criminales.
Por último, se optimizará la plataforma de Denuncia Digital, garantizando la privacidad y trazabilidad de los denunciantes sin que el registro sea considerada prueba condenatoria automática. El dictamen está en debate en la Comisión de Constitución del Senado y, si se aprueba, el Ejecutivo tendrá 90 días para promulgar las medidas por decreto legislativo.
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