Un marcado desgaste en la consideración pública regional sufrió la presidenta de Perú, Keiko Fujimori, según los últimos datos divulgados por la consultora internacional CB Global Data. La jefa de Estado peruana experimentó el retroceso más pronunciado entre los mandatarios de América Latina, al desplomarse su nivel de aprobación del 52,4% al 46,3%, lo que representa una pérdida de 6,1 puntos porcentuales en el último mes.
La heredera política del fallecido exmandatario Alberto Fujimori vio deteriorarse de forma acelerada su capital político a nivel internacional, relegándose del cuarto al séptimo puesto de la medición continental, al tiempo que su índice de rechazo o desaprobación superó la barrera de la mitad de la población, situándose en un 50,8%.
La tabla continental y el viaje a la megacárcel de Bukele
La medición de octubre ubicó a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, al frente de la lista de popularidad con un 69,3% de respaldo, seguida de cerca por el salvadoreño Nayib Bukele, con un 68,3%, y el dominicano Luis Abinader, con un 51,9%. El listado de los primeros lugares se completa con Laura Fernández de Costa Rica, Abelardo de la Espriella de Colombia (49,7%) y Daniel Noboa de Ecuador (47,5%).
La divulgación de las cifras se produce en la víspera de una visita oficial clave de Fujimori a El Salvador, donde mantendrá encuentros de alto nivel con Bukele y sus ministros de Seguridad, Salud y Educación. El plato fuerte de la agenda peruana será la recorrida técnica por el Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT), la célebre megacárcel erigida en el país centroamericano para recluir a 40.000 pandilleros.
Actualmente, el recinto alberga a más de 14.500 reclusos condenados por integrar organizaciones criminales, a los que se sumó en los últimos meses un contingente de más de 200 migrantes expulsados desde los Estados Unidos, en su gran mayoría de nacionalidad venezolana.
Presión sobre el Congreso y la búsqueda de poderes especiales
El marcado interés del Ejecutivo peruano por asimilar el modelo salvadoreño contra el crimen organizado se ha manifestado en apariciones públicas de la presidenta flanqueada por efectivos militares fuertemente armados y un endurecimiento de la retórica gubernamental frente a los sectores de la oposición. En esa línea, la mandataria reiteró la exigencia al Congreso de la República para que le otorgue facultades legislativas delegadas por un plazo de 120 días en materia de seguridad ciudadana.
«Hasta ahora, nada. Están poniendo a prueba nuestra paciencia. Hoy esperamos tener noticias positivas porque esto no se trata del Gobierno, se trata de medidas que se van a tomar para poder enfrentar mejor esta lacra de la delincuencia», fustigó la jefa de Estado ante la demora parlamentaria.
El dilema de la mano dura y el impacto en la gobernabilidad sudamericana
La apuesta de los gobiernos sudamericanos por replicar recetas de mano dura e hiperpresidencialismo militarizado encuentra un eco significativo en las franjas de la población agobiadas por la delincuencia común y el crimen organizado. Sin embargo, los datos de opinión pública reflejan que el desgaste de la gestión diaria y las fricciones institucionales con los poderes legislativos erosionan con rapidez la luna de miel de las administraciones en la región.
El giro autoritario de la agenda peruana y la búsqueda de espejos internacionales como el de El Salvador colocan a la política del país andino bajo la lupa de las organizaciones internacionales de derechos humanos, mientras las encuestas confirman que la aprobación ciudadana muestra signos de resquebrajamiento ante la falta de resultados socioeconómicos inmediatos.
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