El Gobierno nacional de Argentina formalizó este lunes un nuevo régimen de retiro voluntario destinado al personal de la Administración Pública Nacional centralizada. La disposición fue instrumentada formalmente a través del Decreto 1203/2026, publicado en el Boletín Oficial, marcando el inicio de una ventana de adhesión que permanecerá habilitada entre el 1 y el 30 de noviembre de 2026, con la posibilidad de otorgar una prórroga única por hasta 30 días adicionales.
La normativa establece un esquema de compensaciones económicas que varía según el rango etario, los años de aportes previsionales acumulados y la antigüedad de cada agente público dentro del Estado. El decreto aplica de forma exclusiva al personal de planta permanente y a trabajadores con contrato por tiempo indeterminado comprendidos en la Ley 25.164 y en la Ley de Contrato de Trabajo, excluyendo expresamente a los empleados bajo régimen de contratación transitoria o contratos temporales.
Sectores excluidos y requisitos de elegibilidad
El alcance de la medida se limita a las jurisdicciones centralizadas del Poder Ejecutivo. Por este motivo, quedan al margen los organismos descentralizados que cuentan con estructura jurídica y regímenes propios —como la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES), que implementó su propio esquema semanas atrás—, así como las Fuerzas Armadas, las fuerzas de seguridad, la Secretaría de Inteligencia de Estado (SIDE) y el Servicio Exterior de la Nación.
Asimismo, el reglamento fija restricciones operativas y legales para el ingreso al programa. No podrán adherir aquellos agentes sometidos a procesos penales por delitos contra la administración pública o con sumarios administrativos en trámite que puedan derivar en cesantía o exoneración. A su vez, quienes inicien el trámite deberán renunciar a reclamos judiciales o administrativos contra el Estado y no encontrarse en situación de disponibilidad ni bajo el cuarto año de licencia por afecciones de larga duración.
El esquema indemnizatorio está estructurado en tres segmentos de beneficiarios:
Grupo 1 (Agentes en edad cercana a la jubilación sin aportes completos): aplica a mujeres desde los 58 años y hombres desde los 63 años que no reúnan los años de servicio exigidos por ley. Podrán optar entre una gratificación única o la percepción del 60 % de su salario bruto mensual durante un lapso de hasta 36 meses.
Grupo 2 (Agentes con edad y aportes completos): abarca a mujeres de 58 a 64 años y hombres de 63 a 64 años con al menos 30 años de aportes. Recibirán un sueldo por cada año de antigüedad conforme a los topes fijados, más un adicional de cinco remuneraciones.
Grupo 3 (Agentes de menor edad): comprende a mujeres de hasta 57 años y hombres de hasta 62 años. La compensación será de un sueldo por año trabajado hasta un tope de 20 remuneraciones, sumado a un extra de cuatro o cinco salarios según registren menos o más de 15 años de servicio.
La aceptación de la solicitud por parte de las autoridades competentes —quienes disponen de 40 días corridos para expedirse o rechazarla si se afecta el servicio público— implicará el cese definitivo del vínculo laboral y la eliminación de la vacante presupuestaria. Los trabajadores que adhieran al programa quedarán inhabilitados para reingresar a cualquier organismo del Sector Público Nacional por un plazo de ocho años.
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