La Superintendencia Nacional de Salud (Supersalud) ha ordenado la intervención forzosa por un año del Hospital Departamental de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, que presta servicios a más de 60,000 usuarios, debido a incumplimientos documentados desde 2022 en sus planes de mejoramiento. Según un comunicado de la entidad, esta medida responde a fallas en la atención a los usuarios, riesgos para los pacientes y deficiencias administrativas y financieras que afectan negativamente la prestación de servicios.
Inspecciones revelan fallas significativas
Las falencias en la atención de los ciudadanos se detectaron durante acciones de inspección y vigilancia realizadas entre el 29 de septiembre y el 2 de octubre. Durante estas diligencias, los funcionarios identificaron limitaciones en la capacidad de respuesta del centro hospitalario de tercer nivel de complejidad. De los 59 servicios habilitados, 13 no se estaban prestando. Además, el hospital no garantizaba de manera permanente varias especialidades médicas, como cardiología pediátrica, oncología, reumatología y neumología.
Problemas críticos en infraestructura y bioseguridad
La entidad señaló que el hospital dispone de un solo cirujano general para atender diferentes servicios simultáneamente, restringiendo su capacidad de respuesta a las necesidades asistenciales de la población. Además, se identificaron pacientes en lista de espera quirúrgica con tiempos prolongados de más de un año, así como 3,676 estudios de radiología pendientes de lectura. Las inspecciones también evidenciaron el deterioro de la infraestructura del hospital, junto con deficiencias estructurales y operativas críticas e inadecuadas condiciones en algunos equipos.
Al mismo tiempo, se detectaron falencias en la implementación de protocolos de bioseguridad, específicamente en procesos orientados a la prevención de infecciones, limpieza y desinfección, esterilización, seguridad transfusional y funcionamiento del laboratorio clínico, poniendo en riesgo la seguridad de los pacientes atendidos.
Deficiencias en suministro de medicamentos y gestión financiera
Las fallas también se evidenciaron en el suministro de medicamentos. Según Supersalud, al momento de la inspección, el centro de salud presentaba faltantes de medicamentos e insumos esenciales sin un adecuado control de inventarios, dispensación, almacenamiento y conservación, aumentando así los riesgos para la seguridad de los pacientes.
En el ámbito financiero, la Superintendencia Nacional de Salud encontró problemas de sostenibilidad y falta de confiabilidad en la información consignada en los estados financieros del hospital. Estas carencias impiden establecer con certeza la condición económica actual del centro de salud. La entidad descubrió un rezago de facturación cercano a los $3,605 millones acumulado hasta diciembre de 2025, sin acciones efectivas de recaudo implementadas.
Medidas correctivas y designación de agente interventor
Ante estas falencias, la superintendencia ha decidido intervenir forzosamente el hospital y ha designado a la médica Marjorie Englehard Archbold como agente especial interventora. Esta medida acompaña 30 órdenes emitidas el 8 de octubre dirigidas a la Gobernación del Archipiélago y a la gerencia hospitalaria, buscando restablecer la dirección y control institucional, proteger la continuidad de la atención médica y salvaguardar los recursos públicos.
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