Los decretos aprobados desde marzo para mitigar el impacto de la crisis en Oriente Medio suman 12.000 millones de euros.
El decreto ley que concede ayudas fiscales a los combustibles para paliar la crisis de precios energéticos derivada del conflicto en Oriente Medio ha sido aprobado con amplia mayoría en la Diputación Permanente del Congreso, con el único voto en contra de Vox y la abstención de Junts.
Apoyo del Congreso al decreto de ayudas fiscales
El decreto ley estaba vigente desde su aprobación en Consejo de Ministros, pero debía ser convalidado o derogado por el Congreso en un máximo de treinta días. Con las Cortes disueltas debido al adelanto electoral, la Diputación Permanente fue la encargada de tomar la decisión de mantener las ayudas, con el respaldo de PP, PSOE, Sumar, ERC, Bildu, PNV, y Podemos, que representa al Grupo Mixto en este órgano.
Explicaciones del Gobierno sobre las ayudas
Carlos Cuerpo, vicepresidente primero y ministro de Economía, defendió el decreto en la Comisión Constitucional de la Cámara Baja, solicitando el apoyo parlamentario al paquete de medidas. Cuerpo explicó que después del ataque de Israel y Estados Unidos a Irán y la consecuente crisis energética, el Gobierno implementó en marzo un plan para mitigar el alza en los precios energéticos.
El precio del Brent y su afectación al mercado
El vicepresidente destacó que, aunque se esperaba que las complicaciones disminuyeran en junio, el conflicto sigue afectando los mercados, manteniendo el precio del barril de Brent alrededor de los 100 dólares. Explicó que del 4,9% de incremento inflacionario registrado en septiembre, dos puntos se debieron a la subida de precios energéticos.
Cuerpo insistió en la importancia de las medidas del decreto, que junto a los otros aprobados anteriormente suman un esfuerzo presupuestario de más de 12.000 millones de euros.
Medidas adicionales y prórrogas de ayudas
Además de reducir el precio de los combustibles, el decreto reincorpora medidas como la limitación del peso de la cotización del gas en la fórmula de cálculo de la Tarifa de Último Recurso (TUR) y establece un precio máximo de 19,55 euros para la bombona de butano. Se limita el incremento de la TUR al 15% durante el invierno, asegurándose su aplicación en las revisiones trimestrales hasta equilibrar el déficit generado.
En cuanto a la bombona de butano, el precio máximo se mantendrá hasta el 30 de junio de 2027 para garantizar el acceso de los consumidores a este bien esencial.
Si el IPC de septiembre de 2026 resulta un 15% superior al del año anterior, se reducirá el IVA de la electricidad y otros combustibles del 21% al 10% y el Impuesto sobre la Electricidad del 5,1% al 0,5%. Asimismo, se extenderán las reservas de gas natural licuado y se reforzará el sistema de certificados de ahorro energético.
En relación a sectores especialmente afectados, se prorrogan ayudas para el transporte terrestre y agropecuario. Durante todo 2026, se mantiene la devolución parcial del impuesto sobre hidrocarburos para el transporte terrestre y el apoyo al transporte marítimo y ferroviario. También se extiende la ayuda al gasóleo agrario con una bonificación de 20 céntimos/litro hasta el 31 de diciembre, junto a la ayuda compensatoria a armadores de pesca. Se introduce una nueva línea para el ferrocarril de mercancías, ofreciendo 15.000 euros por locomotora diésel, en respuesta a las solicitudes del sector.
Nuevas peticiones a la CNMC
El decreto incluye peticiones a la CNMC para la realización de estudios sobre la formación de precios en los mercados mayorista y minorista de energía y sobre el funcionamiento de la cadena de valor alimentaria. Estas recomendaciones buscan asegurar el correcto funcionamiento del mercado y la efectividad de las medidas implementadas.
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