A pesar de ciertos indicios de distensión y apertura en Venezuela, las restricciones para buscar, recibir y difundir información persisten, según informa la organización no gubernamental Espacio Público.
Balance de libertad de expresión
La ONG ha documentado 89 casos que reúnen 170 denuncias de violaciones a derechos relacionados con la libertad de expresión entre enero y agosto de 2026, mostrando un incremento del 2% en comparación con el mismo período de 2025.
Carlos Correa, director ejecutivo de Espacio Público, explicó que la intimidación sigue siendo el principal patrón de restricción identificado por la organización.
Datos sobre violaciones documentadas
«Hasta agosto de este año hemos documentado unos 89 casos con 170 violaciones o denuncias de violaciones de derechos humanos. Eso básicamente es una cifra que más o menos es constante», apuntó Correa.
El activista agregó que, aunque las cifras son similares a las del año anterior, se observa un ligero incremento.
Cierres y bloqueos en medios
Durante el período analizado, Espacio Público registró el cierre de al menos cuatro emisoras de radio en Táchira, Miranda, Carabobo y Distrito Capital.
Las restricciones también afectan al entorno digital. Un monitoreo publicado por la organización el 2 de octubre identificó 40 sitios web bloqueados en Venezuela, incluidos portales informativos y medios dedicados al periodismo de investigación.
Avances en el acceso a la información
El mes pasado, el subsecretario de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental, Juan Pablo Segura, celebró el desbloqueo de portales web en Venezuela, afirmando que el restablecimiento del acceso por parte de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones es «una clara señal» de avance.
Conatel ordenó a los proveedores de internet habilitar el acceso a diversos sitios informativos nacionales e internacionales que habían sido bloqueados durante años.
Correa destacó que esta situación es de gran importancia dado que una parte de la población venezolana utiliza internet y servicios de mensajería para acceder a contenidos que no encuentra en los medios tradicionales.
«La gente busca la información en los portales, en los sitios web o a través de redes de comunicación interpersonal, como puede ser redes como WhatsApp o Telegram», expuso.
A estas restricciones se suman las fallas del servicio eléctrico y los problemas de conectividad que afectan diversas regiones del país.
«Una falla eléctrica agrava el acceso de las personas a información de calidad o contrastada», enfatizó Correa.
Detenciones arbitrarias
El balance de Espacio Público también señala un aumento en las detenciones arbitrarias relacionadas con el entorno informativo.
Según la organización, 29 trabajadores de la prensa y ciudadanos fueron detenidos entre enero y agosto de 2026, frente a 24 durante el mismo período de 2025.
Correa reconoció algunas señales de distensión, como una mayor presencia de ciertos temas en emisoras de radio y canales de televisión. No obstante, advirtió que las prácticas restrictivas continúan durante las coberturas periodísticas.
«Cuando vas a hacer cobertura, todavía los funcionarios siguen con prácticas que son restrictivas, te quieren quitar el teléfono, no te quieren dejar hacer la cobertura o hay detenciones que son detenciones arbitrarias en algunos casos», puntualizó.
Desafíos para la expresión ciudadana
Para Espacio Público, un proceso de apertura sostenible en Venezuela exige desmantelar el marco legal que, según organizaciones defensoras de derechos humanos, se utiliza para criminalizar la expresión.
Entre esos instrumentos, Correa mencionó la denominada Ley contra el Odio, cuya aplicación ha sido cuestionada por entidades de derechos humanos a nivel nacional e internacional.
El director ejecutivo de Espacio Público destaca un contraste en la sociedad venezolana: una mayor disposición de los ciudadanos a expresarse públicamente convive con el temor a posibles represalias.
Correa define este escenario como una «audacia ciudadana» que coexiste con diferentes dimensiones de temor, en un contexto donde las prácticas de intimidación, censura y hostigamiento judicial continúan presentes, según la organización.
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