El anuncio de Sánchez se produjo este 5 de octubre a las 3:10 a. m. (hora EST), luego de un fin de semana de intensas reuniones en el Palacio de la Moncloa. El detonante directo de la crisis política fue el rechazo en el Congreso de los Diputados a un paquete de medidas sobre alquileres y desahucios presentado por el Ejecutivo de coalición. La votación del viernes pasado dejó al descubierto la fragilidad de los apoyos del oficialismo, al sumar la negativa del Partido Popular (PP), Vox, Unión del Pueblo Navarro (UPN) y el voto decisivo de Junts per Catalunya.
«Hace más de tres años, las urnas y el Congreso decidieron volver a apostar por un gobierno de coalición progresista. No ha sido fácil. En esta legislatura nos ha tocado navegar en una coyuntura muy difícil», señaló Sánchez en una declaración institucional. Durante su mensaje, el mandatario apeló a la ciudadanía a definir en las urnas si prefiere sumarse a una «ola ultraderechista» o mantener un modelo basado en la apertura y la justicia social.
🔴 ÚLTIMA HORA | Pedro Sánchez disuelve las Cortes y anuncia el adelanto electoral
🗳️ Los ciudadanos serán llamados a las urnas el próximo 29 de noviembre
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— Cadena SER (@La_SER) October 5, 2026
El desahucio que encendió la protesta en las calles
El debate político y la tramitación legislativa se dieron bajo el impacto social provocado por el caso de Maricarmen, una mujer de 87 años expulsada la semana pasada de la vivienda que ocupaba desde hacía más de siete décadas. Las imágenes del operativo policial para llevar a cabo el desahucio generaron repudio público e intervenciones de organismos internacionales como la ONU.
Tras el episodio, miles de manifestantes se concentraron en la Puerta del Sol de Madrid, donde instalaron un campamento que ya reúne más de 1.300 carpas y alrededor de 2.000 personas instaladas. A lo largo del fin de semana, las protestas y reclamos por una huelga general se replicaron en más de una docena de ciudades españolas, intensificando el malestar social por el acceso a la vivienda.
Fractura parlamentaria y fracaso de los decretos
Frente al conflicto social, el Gobierno buscó aprobar dos reales decretos ley con carácter de urgencia. El primer texto establecía medidas de protección contra desahucios hasta el 31 de diciembre de 2030, límites a las compras especulativas hasta 2028 y la aplicación de un IVA del 10% a los pisos turísticos. El segundo proyecto exigía la justificación formal para no renovar un contrato de alquiler e imponía indemnizaciones para los inquilinos afectados.
Pese a que la bancada socialista logró el respaldo de Sumar, Podemos y Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), además del apoyo parcial del PNV y Coalición Canaria al primer decreto, la oposición de Junts resultó determinante para frenar ambas iniciativas. Desde la oposición, el líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, cuestionó la gestión gubernamental al sostener que las medidas penalizaban a los propietarios sin resolver la falta de oferta en el mercado inmobiliario.
Estrategia electoral y proyecciones en el mapa europeo
Con la fecha fijada para el 29 de noviembre —el plazo más cercano que permite la normativa electoral española—, la dirigencia del Partido Socialista Obrero Español (PSOE) busca transformar las elecciones en una compulsa sobre el derecho a la vivienda. El ministro de Transportes, Óscar Puente, resumió la orientación de la campaña oficialista al afirmar en redes sociales que la ciudadanía deberá elegir entre «V de vivienda o B de buitre».
El escenario en España refleja las tensiones políticas que atraviesan a varias naciones europeas, donde la crisis de habitabilidad, la inflación en los servicios básicos y la fragmentación de los parlamentos dificultan la gobernabilidad de las alianzas de centroizquierda. La convocatoria anticipada medirá si el malestar por la vivienda logra reactivar la participación del electorado progresista o si consolida el avance de los bloques conservadores y de derecha en el continente.
Calendario hacia la votación del 29 de noviembre
Tras la confirmación pública del llamado a las urnas, el Ejecutivo debe formalizar la disolución de las Cortes Generales mediante real decreto. A partir de esa publicación se pondrán en marcha los plazos legales para la presentación de candidaturas, el desarrollo de la campaña electoral y la organización del voto por correo para los ciudadanos residentes en el extranjero. El nuevo Parlamento que resulte de los comicios de noviembre tendrá la responsabilidad de constituir las mayorías necesarias para la formación de un nuevo Gobierno o la gestión de la agenda legislativa.
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