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Varias ONG califican como histórico el fallo de la CIJ que responsabiliza a Birmania por el genocidio rohingya

La CIJ responsabiliza a Birmania por el genocidio rohingya, marcando un fallo histórico según diversas ONG.

Varias ONG califican como histórico el fallo de la CIJ que responsabiliza a Birmania por el genocidio rohingya
La CIJ dictó un fallo histórico responsabilizando a Birmania por el genocidio contra los rohingyas en 2016 y 2017.

Sentencia histórica contra Birmania por crímenes de genocidio contra los rohingyas

La Corte Internacional de Justicia (CIJ) ha dictado un fallo considerado histórico por organizaciones como Human Rights Watch (HRW), Amnistía Internacional y otras ONG, que la declaran responsable a Birmania por el genocidio perpetrado contra la población rohingya durante las operaciones militares de limpieza realizadas entre 2016 y 2017. Esta resolución, que se presenta como definitiva e inapelable, representa un reconocimiento largamente esperado del sufrimiento padecido por los rohingyas a manos del ejército birmano, según afirmó María Elena Vignoli, abogada principal de Justicia Internacional de HRW.

Repercusiones y reconocimiento legal de las atrocidades

Desde Amnistía Internacional han calificado la resolución del máximo tribunal de Naciones Unidas como una victoria “excepcional” para las víctimas y supervivientes, señalando que el fallo es el reconocimiento judicial de las atrocidades cometidas contra los rohingyas tras años de negación, impunidad y ocultamiento de la verdad. La secretaria general de Amnistía, Agnes Callamard, afirmó que la decisión constituye una “conclusión inequívoca” que marca un avance histórico para las víctimas y sus familias.

Importancia del fallo y llamamiento a acciones inmediatas

Este caso, que es pionero por ser la primera vez que un órgano judicial se pronuncia sobre un supuesto genocidio cometido por Birmania contra los rohingyas, ha sido presentado ante la CIJ por Gambia. La organización Médicos Sin Fronteras (MSF) destacó que el día de la sentencia tiene una relevancia especial para muchos rohingyas, incluidos sus propios colegas y pacientes que utilizan sus servicios. Sin embargo, MSF advirtió que la persecución sistemática contra esta comunidad no terminó en 2017, ya que aún se les niegan derechos fundamentales, incluida la ciudadanía, de la cual fueron despojados en 1982.

El director de MSF para Bangladés, Malasia y Birmania, Paul Brockmann, señaló que los rohingyas que permanecen en Rakhine continúan sufriendo violencia selectiva además de las consecuencias del conflicto más amplio. Tras la decisión judicial, ambas ONG exigieron a Birmania cumplir “de manera rápida” con la sentencia y detener la opresión contra esta minoría, además de instar a los gobiernos internacionales a respaldar las conclusiones de los tribunales y a incrementar la presión sobre la junta militar birmana para asegurar el cumplimiento del fallo.

Acciones internacionales y futuras responsabilidades

Agnes Callamard hizo un llamado a los líderes mundiales para que no otorguen reconocimiento internacional a las autoridades militares del país y suspendan suministros de armas, equipos de vigilancia y cooperación militar. Además, solicitó al Consejo de Seguridad de la ONU que imponga un embargo internacional de armas y remita la situación al Tribunal Penal Internacional, advirtiendo que el incumplimiento solo fortalecería al ejército birmano en desafiar el derecho internacional y perpetuar la impunidad.

Por último, HRW reclamó garantizar un retorno seguro y voluntario de los refugiados rohingyas a Birmania en condiciones adecuadas, y ambas organizaciones expresaron su esperanza de que la sentencia impulse una etapa en la que se asuman responsabilidades judiciales en Birmania. Consideran esencial investigar todos los crímenes internacionales, tanto del pasado como de actualidad, y esclarecer la justicia para los responsables.

Esta decisión judicial llega después de que la CIJ condenara a Birmania por el genocidio en las operaciones militares de 2016 y 2017 contra los rohingyas en el estado de Rakhine, donde se calcula que unos 10,000 civiles murieron. La corte también reconoció que miles de estas víctimas fueron “asesinadas de forma violenta durante operaciones de limpieza” en 2017, según explicó el juez Yuji Iwasawa, quien también mencionó ataques perpetrados por insurgentes del Ejército de Salvación Rohingya de Arakán (ARSA) contra posiciones militares y civiles.

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