Uruguay destina cerca de 250.000 dólares anuales al financiamiento operativo de la misión médica cubana en el país, un monto que volvió al centro de la escena política y diplomática internacional. La aclaración de las autoridades del Banco de Previsión Social (BPS) sobre cómo se canalizan estos recursos reavivó una intensa controversia, en momentos en que Estados Unidos emitió advertencias que colocan a Montevideo bajo la lupa por la contratación de estas brigadas de salud visual.
La controversia escaló a partir de informaciones que señalan que la Cancillería uruguaya recibió seccionales alertas desde Washington. Uruguay integraría un listado de 15 naciones expuestas a eventuales repercusiones sobre determinados esquemas de asistencia financiera estadounidense. La discrepancia radica en los convenios multilaterales que sostiene La Habana con diversos gobiernos receptores, un punto sensible que amenaza con proyectar tensiones sobre la diplomacia local.
Desde la conducción del BPS, la presidenta Jimena Pardo remarcó que los fondos transferidos no corresponden a salarios directos para los 21 oftalmólogos destacados en el territorio nacional. Los montos se envían bajo el concepto de estipendio o reintegro de gastos operativos para el funcionamiento de la delegación, respaldados mediante la correspondiente rendición de cuentas. Las partidas se gestionan a través de una cuenta bancaria institucional fijada por el Ministerio de Salud Pública (MSP), mientras que la retribución salarial de los profesionales depende en forma exclusiva del gobierno cubano.
El programa Operación Milagro desembarcó en Uruguay durante la primera presidencia de Tabaré Vázquez, consolidándose como una política de articulación sanitaria orientada a la atención oftalmológica de personas de bajos recursos. A lo largo de casi dos décadas de vigencia, la brigada desplegó un impacto social innegable: más de un millón de pesquisas realizadas en todo el país y más de 220.000 intervenciones quirúrgicas concretadas —fundamentalmente cirugías de cataratas— que permitieron a miles de uruguayos recuperar la visión.
Este tipo de misiones médicas internacionales impulsadas por Cuba mantiene una presencia histórica en varios países de América Latina y otras regiones del globo, actuando como una herramienta clave de la diplomacia sanitaria de la isla. Sin embargo, los cuestionamientos de Washington y de diversos organismos multilaterales han ido en aumento. Estados Unidos califica la retención de ingresos por parte del Estado cubano —estimada entre el 50% y el 95% de las contrataciones— como una práctica laboral cuestionable y ha aplicado sanciones a jerarcas de la salud de la isla, como el ministro José Ángel Portal Miranda.
El diferendo encuentra también eco en organismos como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que ha recibido denuncias de profesionales sobre restricciones a la circulación, vigilancia y presiones dentro de estas misiones en el exterior. Frente a la complejidad geopolítica del escenario, desde el gobierno uruguayo el secretario de Presidencia, Alejandro Sánchez, ratificó la soberanía del país para mantener el convenio de cooperación sanitaria, subrayando el valor social que la iniciativa representa para la población atendida en el hospital de ojos y en los centros de salud del interior.
Por el momento, las autoridades del BPS confirmaron que no han recibido notificaciones formales sobre sanciones directas y que la carpeta del asunto se canaliza formalmente mediante el Ministerio de Relaciones Exteriores. En tanto, el debate público continúa instalado entre la defensa de un programa de enorme impacto social interno y los equilibrios requeridos en la política exterior frente a los condicionamientos del escenario internacional.





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