El Ministerio de Salud Pública (MSP) presentó los resultados de su campaña de fiscalización sobre las cantinas de los locales de enseñanza en todo el territorio nacional. Las inspecciones desarrolladas durante el año 2025 sobre una muestra de 232 dependencias arrojaron que se siguen vendiendo productos con octógonos en centros educativos del ámbito público y privado, a pesar de que la prohibición legal de comercializar y promocionar estos alimentos lleva más de un año de aplicación efectiva en el país.
El estudio oficial se diseñó con el objetivo de medir el nivel de adhesión al marco regulatorio vigente, abarcando desde la oferta de preparaciones naturales hasta el acceso al agua potable, rubro este último que alcanzó una cobertura del 100% en la totalidad de las instituciones evaluadas. No obstante, en la oferta gastronómica directa persistieron serias irregularidades que comprometen los fines de las políticas de prevención de la obesidad infantil y las enfermedades crónicas no transmisibles.
El marco regulatorio que respalda las inspecciones estatales se fundamenta en la Ley Nº 19.140, sancionada en el año 2013, que definió las bases para la promoción de hábitos alimentarios adecuados en los entornos educativos. Dicho texto legal estableció como prioridad la protección de la salud de la población estudiantil, sentando el precedente normativo para las disposiciones sanitarias adoptadas durante la última década.
Se siguen vendiendo productos con octógonos en centros educativos tras cambios en el rotulado frontal
La arquitectura normativa se profundizó mediante el Decreto Nº 272/018, promulgado durante el mandato del expresidente Tabaré Vázquez, que instituyó el sistema de rotulado frontal obligatorio para los comestibles procesados envasados en ausencia del cliente. Esta disposición fijó la impresión de un símbolo octogonal de fondo negro y borde blanco, de 3,5 por 3,5 centímetros, destinado a advertir al consumidor sobre concentraciones excesivas de sodio, azúcares libres, grasas totales y grasas saturadas en la cara principal de los paquetes.
La puesta en marcha definitiva del etiquetado experimentó diversos aplazamientos en el ámbito administrativo. Aunque el texto inicial contemplaba un margen de adecuación de 18 meses para las empresas elaboradoras e importadoras, las autoridades nacionales otorgaron sucesivas prórrogas atendiendo planteos del sector corporativo. La obligatoriedad técnica comenzó a regir formalmente el 1 de febrero de 2021, tras tres postergaciones consecutivas del calendario de fiscalización.
Durante la administración del expresidente Luis Lacalle Pou, la normativa sufrió modificaciones a través del Decreto 246/020 de septiembre de 2020, que redefinió el perfil de nutrientes exigido y flexibilizó los límites a partir de los cuales los productos deben exhibir las advertencias negras. Aquella modificación fue refrendada bajo el aval del Ministerio de Industria, Energía y Minería en lugar de la cartera de salud, situación que generó el rechazo público de trece instituciones médicas y organizaciones académicas, incluyendo el Sindicato Médico del Uruguay y la Sociedad Uruguaya de Cardiología.
Posteriormente, la Ley de Rendición de Cuentas de 2022 modificó el artículo 4° de la Ley Nº 19.140, estableciendo que desde enero de 2024 las concesiones de servicios de alimentación en locales de enseñanza públicos y privados tienen prohibida la venta, exhibición y comunicación publicitaria de insumos con sellos de exceso. La restricción busca limitar la exposición de los alumnos a estímulos comerciales de alta densidad calórica durante las jornadas de estudio.
Brechas territoriales y diferencias entre la enseñanza pública y privada
Los datos recolectados por los equipos técnicos de la cartera sanitaria reflejan comportamientos heterogéneos según la franja formativa y la naturaleza administrativa del establecimiento. En la educación inicial y primaria del sistema público no se constataron infracciones en la comercialización de comestibles con sellos negros, un resultado que marca un avance respecto al monitoreo del ciclo previo, cuando el nivel de incumplimiento alcanzaba al 33% de los locales en Montevideo y al 8% en las dependencias del interior.
Sin embargo, ese nivel de acatamiento no se replicó en la educación media del Estado. En los liceos y en los institutos dependientes de la Universidad del Trabajo del Uruguay (UTU), las auditorías determinaron que el incumplimiento trepó al 30,3% en la capital del país y alcanzó un 47,62% en las instituciones ubicadas en el resto de los departamentos, exponiendo dificultades en los controles que aplican los concesionarios de esos recintos.
En el sector de la enseñanza privada, la presencia de comestibles no recomendados se registró desde los primeros niveles de formación. En los colegios de educación inicial y primaria de Montevideo, el 20,69% de los puestos de venta comercializaba insumos no permitidos, cifra que se mantuvo cercana al 18,64% detectado en las instituciones de nivel secundario de la capital.
Las métricas mostraron valores más elevados en los departamentos fuera del área metropolitana, donde el 40% de los centros privados de primaria e inicial contenía comestibles con advertencias en sus estantes, proporción que se ubicó en un 36,36% al examinar los colegios secundarios del interior. La documentación oficial del ministerio no detalla los motivos específicos de estas variaciones ni discrimina la naturaleza de los insumos decomisados durante los procedimientos.
Control de publicidad y deficiencias en la cobertura de dietas especiales
La fiscalización abarcó la evaluación de los mecanismos de comunicación comercial e iluminación publicitaria dentro de los predios de estudio. El informe del ministerio consignó un acatamiento completo en las escuelas públicas de primaria, mientras que en los centros privados del mismo nivel la presencia de elementos promocionales no autorizados afectó al 4,81% de los locales capitalinos y al 11,76% de los situados en las provincias.
En los liceos públicos y locales de la UTU, las irregularidades en materia de publicidad alcanzaron al 16% de los recintos inspeccionados en Montevideo y al 11% en el resto del territorio. En el segmento de la educación privada de nivel medio, los valores se posicionaron en un 9,68% para la capital y en un 16,67% en los establecimientos del interior. La autoridad reguladora evaluó estos indicadores como una señal favorable en la reducción de las estrategias de mercadotecnia directa dirigidas a la población joven.
Más allá del seguimiento de las etiquetas de advertencia, las inspecciones oficiales evaluaron la disponibilidad de alternativas alimentarias adaptadas para estudiantes con patologías crónicas como la celiaquía y la diabetes. El informe sanitario concluyó que la presencia de insumos específicos en los mostradores resulta escasa y no logra garantizar una cobertura adecuada para las demandas nutricionales de este grupo de alumnos.
En las escuelas públicas de Montevideo no se constató la oferta de alimentos seguros para personas celíacas en ninguna de las cantinas auditadas, en contraste con el interior del país, donde el rubro estuvo disponible en la mitad de las dependencias evaluadas. En la educación secundaria y técnica del Estado, más del 50% de los locales carecía de opciones gastronómicas aptas para celíacos.
La situación para la población con diabetes presentó márgenes de cobertura aún más reducidos dentro del sistema nacional de enseñanza. En los centros de inicial y primaria de la capital, únicamente el 7,14% de las instalaciones ofrecía preparaciones adecuadas para estudiantes con esa condición metabólica, mientras que en las provincias la cifra llegó al 50%. El reporte oficial no detalló los mecanismos empleados para verificar la matrícula efectiva de alumnos con diabetes en cada uno de los recintos relevados.
Las autoridades de la salud pública enfatizaron que continuarán con las visitas de fiscalización en los distintos subsistemas de enseñanza para exigir el cumplimiento estricto de las disposiciones de la Ley Nº 19.140. La intención del organismo sanitario es erradicar completamente la venta de comestibles con sellos de advertencia en los recintos educativos y promover un entorno institucional que favorezca elecciones nutricionales saludables en las nuevas generaciones.
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