El precio de cinco vidas en la «Justicia» uruguaya
En un país donde matar parece salir extrañamente barato, un adolescente de 17 años arregló en un trámite exprés una pena de seis años de privación de libertad tras admitir, sin despeinarse, que cobró dinero para ejecutar a cinco personas en el barrio El Monarca el pasado 10 de julio. Ese fue el «ofertón» judicial que cerró la Fiscalía a través de un proceso abreviado, garantizándole al joven que para cuando tenga 23 años estará libre otra vez.
La «sanción» recibida por este homicida a sueldo —quien fue imputado por cinco delitos de homicidio muy especialmente agravados por precio o promesa remuneratoria y por reincidencia— se cumplirá en las cómodas instalaciones del Instituto Nacional de Inclusión Social Adolescente (Inisa). Mientras la legislación uruguaya fija con timidez un tope de diez años para menores que cometen atrocidades, el sistema se conformó con darle poco más de la mitad de la pena máxima.
Dos minutos de lluvia de balas y una familia diezmada
La mañana del 10 de julio de 2026, la «cadena de favores» del crimen organizado funcionó a la perfección en la calle 7 y calle Central. Cuatro delincuentes disfrazados de obreros, con chalecos reflectivos y cascos, llegaron en dos motos para montar una escena casi teatral. Tres de ellos saltaron el muro perimetral, alardearon la palabra «Policía» a los gritos y acribillaron a sangre fría a quienes descansaban o preparaban la comida en la cocina.
Apenas dos minutos les alcanzaron para masacrar a una familia entera. La lista de víctimas incluyó a dos jóvenes de 18 años, un hombre de 28, una mujer de 32 y su hija, una adolescente de apenas 14 años. El móvil detrás del baño de sangre resultó ser una absurda y paupérrima disputa territorial entre los Suárez de Villa Española y la banda de los Albín. Un ajuste de cuentas donde la vida humana cotizó al precio de una oferta de mercado.
Los «brillantes» chats que lo delataron
La caída del sicario no fue fruto de una compleja ingeniería de inteligencia, sino de la propia torpeza del involucrado. Detenido el 27 de agosto en un operativo en La Chancha, al joven de 17 años le revisaron el teléfono celular incautado y se encontraron con un catálogo completo de su hazaña criminal.
En las aplicaciones de mensajería, el adolescente presumía abiertamente su participación en la masacre y alardeaba de la plata que había recibido por apretar el gatillo. Por si fuera poco, en el dispositivo guardaba fotos posando con las mismas armas, las prendas reflectivas y las motos que la Policía ya había visto en las cámaras de seguridad. Una muestra magistral de impunidad y torpeza digital.
La «rehabilitación» que nos promete el sistema
Mientras los discursos oficiales nos invitan a reflexionar sobre la «reinserción» de los adolescentes en conflicto con la ley, la sociedad uruguaya asiste al espectáculo de ver cómo matar a cinco personas cuesta apenas 14 meses de internación por cada vida quitada.
Con este panorama, la pregunta no es si el sicariato juvenil llegó para quedarse, sino cuántos «procesos abreviados» más necesita el sistema para darse cuenta de que las bandas narco usan a los menores precisamente porque saben que la Justicia les regala penas de cotillón.
Lo que viene: un breve paseo por el Inisa
El joven sirviente del crimen organizado pasará sus próximos años bajo la tutela del Inisa, donde el Estado promete «reinsertarlo» antes de que cumpla la mayoría de edad fuera de los muros.
En tanto, la Fiscalía intenta ubicar al resto de la banda de motociclistas que participó en la masacre, en un intento por demostrar que la impunidad en Uruguay todavía tiene, al menos, alguna clase de límite formal
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