Trabajadores del Poder Judicial alcanzan acuerdo con el ministro presidente Hugo Aguilar respecto a la controvertida evaluación
Tras un encuentro que se llevó a cabo en la noche del sábado, el Sindicato de Trabajadores del Poder Judicial de la Federación anunció que lograron llegar a un acuerdo con el ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Hugo Aguilar, en relación con la evaluación que había generado malestar entre los empleados.
En este contexto, los sindicalizados que representan a una de las tres ramas del Poder Judicial en el país revelaron que pactaron con los ministros de la Corte la suspensión del acuerdo relativo a la evaluación de desempeño de los trabajadores. La reunión contó con la presencia del propio ministro Aguilar, quien atendió las inquietudes y la incertidumbre que enfrentan los empleados del organismo.
“Después de intensas gestiones y diálogos con las autoridades del Órgano de Administración Judicial, se ha alcanzado el compromiso de dejar sin efectos el acuerdo que generó preocupación e incertidumbre entre nuestra base trabajadora”, informó el sindicato en un comunicado oficial.
Protestas y movilizaciones en varias entidades
Por su parte, legisladores de oposición han cuestionado el proceso de evaluación a los trabajadores del Poder Judicial. Este sábado, en más de una decena de estados del país, los empleados iniciaron un paro indefinido, incluyendo la toma de varias sedes y bloqueos en diferentes vialidades.
El personal judicial rechazó la evaluación de desempeño implementada para la carrera judicial, argumentando que el mecanismo eliminaba la estabilidad laboral y que su aplicación era subjetiva. Durante el sábado, los empleados permanecieron en guardias en las entradas de juzgados de distrito y tribunales colegiados en diversos puntos del territorio nacional, sin realizar otras actividades.
El sindicato consideró como “excelentes noticias” los resultados del diálogo, asegurando que la unidad, el trabajo conjunto y la defensa de sus derechos están comenzando a dar frutos. “Seguimos trabajando por la certeza jurídica y la estabilidad laboral de nuestras compañeras y compañeros”, declaró la organización sindical.
Reacciones de legisladoras opositoras y preocupación por los criterios de evaluación
Sin embargo, legisladoras de oposición han manifestado su preocupación respecto a los lineamientos para evaluar a los trabajadores del Poder Judicial. La senadora de Movimiento Ciudadano, Alejandra Barrales, y la diputada del PAN, Paulina Rubio, solicitaron que se revisen estos mecanismos para evitar futuras protestas y establecer parámetros claros y justos.
Estas legisladoras señalaron que los criterios aprobados por el Órgano de Administración Judicial relegan la experiencia de secretarios proyectistas, actuarios y oficiales judiciales, quienes sostienen gran parte del trabajo técnico en juzgados y tribunales. Además, advirtieron que la permanencia laboral podría quedar sometida a valoraciones subjetivas por parte de superiores y colegas, generando un riesgo para la estabilidad de los trabajadores con trayectoria en la función judicial.
“La evaluación del personal no es negativa si existen reglas precisas y aplicables en todos los niveles. Sin embargo, si no hay criterios objetivos, el proceso puede convertirse en una herramienta para reacomodar plazas y favorecer a ciertos jueces o magistrados en la integración de sus equipos”, explicaron Barrales y Rubio.
Críticas al impacto de las reformas y posibles riesgos
Rubio aseguró que las modificaciones promovidas por Morena han debilitado la carrera judicial, particularmente a través de cambios en los mecanismos de acceso a cargos de mayor nivel. La diputada panista cuestionó que ahora se exijan evaluaciones a funcionarios de menor rango, mientras que los integrantes de la SCJN no enfrentan un esquema similar, lo que genera desigualdades y posibles arbitrariedades.
También criticaron los exámenes de permanencia, considerados por ellas como una ofensiva adicional contra los derechos de los trabajadores, y alertaron sobre conflictos laborales en otras instituciones estatales como Pemex, CFE, IMSS y el INE, que, desde su perspectiva, representan presiones contra el personal del Estado.
La senadora Barrales expresó que el acuerdo podría ser ilegal y tener implicaciones en la protección de derechos humanos. Señaló que aspectos como la opinión del entorno laboral no deberían ser considerados para determinar la continuidad laboral de un individuo. Además, alertó que más de 30,000 trabajadores serían evaluados en el proceso y que, incluso, algunos legisladores de Morena desconocían el contenido de dicho acuerdo, lo que evidencia la premura en su aprobación.
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