México asegura ante la ONU que no realiza fracking y detiene proyectos en yacimientos de baja permeabilidad
El pasado 5 de noviembre, México afirmó ante la Asamblea de Naciones Unidas que el país no realiza actualmente extracciones de hidrocarburos mediante la técnica de fracturación hidráulica, conocida popularmente como fracking, y que no desarrollará proyectos en yacimientos de baja permeabilidad mientras no se tenga certeza de que no existirá impacto ambiental ni para la población. La declaración fue realizada por la embajadora Francisca Méndez, representante de la Misión de México en Ginebra, en respuesta a las consultas formuladas por expertos del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales.
Evaluación de prácticas operativas de bajo impacto y vigilancia sobre el fracking
Méndez subrayó que, aunque el fracking no se emplea en la actualidad, en el país se llevan a cabo evaluaciones de prácticas operativas y tecnologías que puedan tener un menor impacto ambiental. La funcionaria insistió en que, hasta que exista evidencia concluyente en sentido contrario, México no llevará a cabo ningún proyecto relacionado con esta técnica. Además, recordó que en marzo de 2026 el relator especial Marcos Orellana realizó una visita oficial a México, durante la cual expresó su principal preocupación por la proliferación de zonas de sacrificio vinculadas a actividades extractivas.
Recomendaciones y preocupaciones del relator especial
Entre las recomendaciones que Orellana compartió durante su visita se encuentran: la necesidad de implementar una política de descarga cero de contaminantes tóxicos en los procesos industriales, la elaboración de un plan nacional coordinado entre la Federación y los estados para remediar los pasivos ambientales relacionados con hidrocarburos, incluido el fracking, y la protección de comunidades afectadas mediante atención médica, especialmente en los niños que viven cerca de refinerías. Orellana también planteó interrogantes acerca de las iniciativas para prohibir el fracking y las restricciones al amparo en la ley de 2025, cuestionamientos que no fueron respondidos por Méndez en ese momento. La visita del relator especial tuvo lugar del 9 al 20 de marzo de 2026, y en sus conclusiones finales hizo referencia al Inventario Nacional de Sitios Contaminados, que al junio de 2025 identificaba 1,142 sitios afectados por actividades contaminantes, señalando además que uno de los métodos utilizados en el sector de hidrocarburos, como el fracking, representa una preocupación en materia de derechos humanos.
Medidas del gobierno mexicano frente a riesgos ambientales y de agua
El relator reconoció que el Gobierno mexicano ha establecido regiones de emergencia sanitaria y ambiental, incluyendo los ríos Atoyac, Lerma-Santiago y Tula, en el marco del Plan Nacional Hídrico 2024-2030. En este contexto, Méndez destacó que México reconoce el derecho humano al agua y ha reforzado su marco legal con la aprobación de la Ley General de Aguas. Entre las acciones gubernamentales que enumeró se encuentran el Acuerdo Nacional por el Derecho Humano al Agua y la Sustentabilidad, además de 17 proyectos estratégicos de infraestructura hídrica con una inversión total estimada en 122,600 millones de pesos, destinados al saneamiento de los ríos Lerma, Santiago, Atoyac y Tula, así como la implementación del Registro Nacional del Agua para el Bienestar.
Posición de las autoridades y voces en contra
Por su parte, la alcaldesa de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, defendió la importancia de mantener una consulta previa, libre e informada sobre los derechos de las comunidades y los análisis relacionados con el fracking en el país, argumentando que estas prácticas son un ejercicio de transparencia. Además, señaló que la Suprema Corte de Justicia de la Nación reconoce la obligación de someter a consulta a los pueblos indígenas cuando decisiones públicas puedan afectar sus recursos hídricos o territorios. Esto resulta especialmente relevante en vista de los hallazgos realizados en octubre en perforaciones en busca de agua, que podrían servir como evidencia para descartar la aplicación del fracking en esos lotes.
Desde las voces críticas, Alina Sandoval Terán, integrante de la Alianza Mexicana contra el Fracking, advirtió a través de sus redes sociales que esta técnica representa una amenaza para los derechos humanos y los ecosistemas en México. En su cuenta oficial en X, exigió que se asignen “cero pesos al fracking” y que esta práctica sea prohibida en el país. La agrupación también celebró que la problemática haya sido motivo de cuestionamientos en el marco de la discusión en la ONU, lo que refleja la creciente preocupación social y ambiental sobre el tema.
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