Trabajadores del Poder Judicial mantienen protestas en rechazo a las nuevas evaluaciones de desempeño
Este viernes 6 de noviembre, los trabajadores del Poder Judicial de la Federación (PJF) iniciaron un paro nacional de labores en rechazo al nuevo sistema de evaluación de desempeño, al considerar que los criterios establecidos podrían poner en riesgo su estabilidad laboral y la continuidad en sus cargos. Las movilizaciones se han intensificado en varias regiones del país, generando cierre de oficinas, afectaciones viales y momentos de tensión entre empleados y autoridades judiciales.
Start de las movilizaciones y bloqueos iniciales
La jornada de protestas arrancó en la madrugada, cuando se llevaron a cabo cierres mediante cadenas en la sede judicial de San Lázaro, ubicada en la Ciudad de México. Los manifestantes advirtieron que mantendrían bloqueadas esas instalaciones de manera indefinida y convocaron a protestas en al menos 17 entidades del país, extendiendo la movilización a diversas regiones y provocando dificultades en la circulación vial.
Manifestaciones en distintas entidades del país
En Nuevo León, los trabajadores del PJF bloquearon durante aproximadamente cuatro horas la avenida Constitución, en Monterrey, una de las principales vialidades de la ciudad. La movilización inició alrededor de las 9:00 horas, con el cierre de oficinas judiciales, y posteriormente los manifestantes ocuparon los carriles ordinarios y exprés de dicha avenida. El cierre causó congestión y complicaciones para los automovilistas en pleno centro de la ciudad. Hacia las 12:30 horas, los empleados se retiraron de la vialidad y se desplazaron hacia la parte posterior de las instalaciones del Poder Judicial para realizar una reunión.
Esther Nieto, trabajadora del organismo, explicó que uno de los principales desacuerdos radica en la distribución de los porcentajes de la evaluación, específicamente cuestionando el peso que tendrán las calificaciones otorgadas tanto por los titulares como por compañeros. Aclaró que el personal no rechaza las evaluaciones en sí, ya que participan regularmente en exámenes y actividades de capacitación, sino que critica los criterios establecidos para determinar su desempeño.
En Durango, una protesta derivó en un incidente cuando el titular del Órgano de Administración Judicial (OAJ), Néstor Vargas Solano, se acercó a los trabajadores, lo que terminó en que cayó al suelo. Los empleados exigían respuestas sobre las evaluaciones programadas para diciembre y las posibles repercusiones para quienes no alcancen las calificaciones establecidas.
En Sonora también se registraron movilizaciones en rechazo al nuevo mecanismo, al considerar que genera incertidumbre respecto a su futuro dentro de la institución. Mientras tanto, en Morelos, más de mil empleados del Décimo Octavo Circuito suspendieron sus actividades desde el jueves para manifestarse contra los criterios de evaluación.
En Yucatán, la movilización se realizó frente a la sede del Poder Judicial de la Federación, ubicada en el edificio de Petronila, en Mérida. Los trabajadores expusieron sus preocupaciones ante un magistrado del OAJ, reiterando su rechazo a los cambios propuestos.
Puntos principales de las demandas y preocupaciones
Entre los principales planteamientos de los inconformes en las distintas entidades se encuentran el respeto a la antigüedad y trayectoria profesional, garantías sobre la estabilidad y permanencia laboral, la necesidad de capacitación judicial continua, reconocimiento a la experiencia y preparación del personal, oportunidades de crecimiento dentro de la carrera judicial, y una mayor justicia en los mecanismos de evaluación.
La inconformidad surge a raíz del acuerdo del OAJ que establece los mecanismos para evaluar al personal, en el contexto de los cambios derivados de la reforma judicial. Los trabajadores consideran que los criterios no reconocen adecuadamente su experiencia y formación, además de que temen que los resultados puedan condicionar la conservación de sus plazas.
Reacciones y aclaraciones de las autoridades judiciales
En Mérida, Enrique Alfonso Castillo López, secretario de un tribunal local, advirtió que los resultados de las evaluaciones podrían afectar la continuidad laboral de los empleados, y cuestionó el hecho de que quienes ya acreditaron evaluaciones anteriores estén obligados a presentar nuevas pruebas. En Morelos, Gloria Teresa Hernández García explicó que la protesta no busca impedir las evaluaciones, sino cuestionar las condiciones en las que se pretende llevar a cabo su aplicación.
Frente a las movilizaciones, el Órgano de Administración Judicial rechazó que las evaluaciones programadas para diciembre de 2026 puedan derivar en despidos o pérdida de plazas laborales. La institución aclaró que la primera evaluación tendrá un carácter exclusivamente diagnósticos, sin que exista una aprobación o reprobación oficial, y que los resultados no tendrán efectos individuales inmediatos sobre la permanencia del personal.
Asimismo, detalló que los exámenes se realizarán los días 1, 4, 8 y 15 de diciembre para secretarios, actuarios y oficiales, con la finalidad de identificar las necesidades de capacitación de los trabajadores. La evaluación con efectos legales será posterior, tras la conclusión de los cursos y capacitaciones programadas.
El organismo también reiteró su respeto a la libertad sindical y al derecho de los empleados a manifestar sus inconformidades, expresando su disposición al diálogo para encontrar soluciones a las inquietudes planteadas. La jornada continúa en distintas partes del país, con trabajadores exigiendo garantías sobre sus condiciones laborales y un proceso de evaluación justo y transparente.
Dejá tu comentario
Comentá con tu nombre y Gmail. Tu correo es privado y nunca se publica.