La inteligencia de la Policía colombiana habría entregado al Comando Sur de Estados Unidos las coordenadas exactas del campamento del Ejército de Liberación Nacional (ELN) bombardeado el pasado 30 de octubre en el estado venezolano de Apure, según una investigación publicada por Cambio. Fuentes de inteligencia consultadas por ese medio aseguran que Colombia habría participado en la operación proporcionando información clave para ubicar el objetivo en territorio venezolano.
Colaboración entre Colombia y Estados Unidos en la operación militar
El ataque se llevó a cabo en la vereda Buena Vista del municipio de Meta, en una zona ubicada a pocos kilómetros de la frontera colombiana. La colaboración de Estados Unidos en el operativo fue confirmada por cuatro altos funcionarios de la Administración de Donald Trump al diario The New York Times, quienes reconocieron que su país facilitó drones e información de inteligencia para localizar el campamento guerrillero. Uno de estos funcionarios explicó que las Fuerzas Armadas estadounidenses suelen operar ese tipo de aeronaves no tripuladas, aunque no especificó quién pilotó durante la misión.
Según las fuentes citadas por el medio colombiano, la Policía colombiana entregó al Comando Sur, organización militar encargada de planificar y coordinar operaciones en América Latina y el Caribe, las coordenadas precisas de la estructura del ELN. Esta información habría permitido localizar con exactitud el sitio donde se encontraba la base insurgente. Sin embargo, la investigación no detalla cómo se obtuvieron dichas coordenadas ni los procedimientos utilizados para compartirlas con las autoridades estadounidenses.
Contexto de cooperación militar y reuniones de alto nivel
El involucramiento de Colombia en este operativo llega en un contexto de acercamiento militar entre los gobiernos de Colombia y Estados Unidos, que incluye compromisos de cooperación en la lucha contra el narcotráfico y las organizaciones armadas. También se ha reportado que integrantes del Comando Central del ELN, así como enlaces del cartel de Sinaloa, habrían participado en una reunión el 30 de octubre, día en que se ejecutó el bombardeo.
Otra de las revelaciones de la investigación señala que, en el mismo día del ataque, se realizó en el campamento una reunión en la que habrían participado miembros del Comando Central del ELN, considerado el órgano máximo de dirección de esa guerrilla, junto con enlaces del cartel de Sinaloa. Las conversaciones estarían relacionadas con la gestión de dos cargamentos: uno de cocaína y otro de coltán.
Respecto al mineral, los asistentes presuntamente buscaban diseñar un plan para responder a los compradores de las 10 toneladas de coltán incautadas por el Ejército colombiano en Vichada el 22 de octubre. Este cargamento, valorado en aproximadamente 16.000 millones de pesos, ya habría sido parcialmente pagado por los compradores, quienes no lograron llegar a su destino final. La reunión también habría incluido coordinaciones para el envío de cocaína a través de contactos con la organización mexicana.
Daños y presencia insurgente en la región
Según el primer informe de la organización venezolana Fundaredes, el bombardeo dejó al menos 23 personas muertas y varias heridas, entre ellas presuntos integrantes del ELN y algunos de sus familiares. No obstante, fuentes del Ejército colombiano han señalado que el número de víctimas fatales podría ascender a aproximadamente 45 personas, una semana después de la operación.
Juan Francisco García, vocero de Fundaredes, afirmó que las autoridades venezolanas no participaron en la incursión y que, en realidad, “se metieron los gringos”. La organización también indicó que la operación aérea coincidió con la llegada a la zona de un alto jefe insurgente y unos 16 jóvenes venezolanos que, según informes, habrían sido reclutados recientemente. Entre los posibles asistentes se mencionaron a cabecillas como Silvana Guerrero, Garganta, Gustavo Martínez y alias La Abuela, aunque ninguna autoridad ha confirmado su presencia entre las víctimas.
La extracción y comercialización ilegal de coltán constituyen una fuente importante de financiación para diversos grupos armados que operan en la frontera entre Colombia y Venezuela. La ubicación del campamento fue uno de los motivos que despertó especial interés en Estados Unidos, dado que el lugar se encontraba cerca de una pista utilizada para transportar cocaína, coltán y estaño, según información de inteligencia colombiana. En la región fronteriza de Vichada, Guainía y Venezuela operan estructuras tanto del frente oriental del ELN como de la organización José Daniel Pérez Carreño, acusadas de obtener recursos mediante la minería ilegal.
El papel estratégico de los recursos minerales
El bloque Acacio Medina, vinculado a la Segunda Marquetalia y comandado por alias Jhon 40, también tiene presencia en esa zona, específicamente en el estado venezolano de Amazonas, desarrollando actividades de extracción ilegal. Un oficial de la Octava División del Ejército colombiano informó que en los últimos cuatro meses las fuerzas colombianas incautaron cerca de 70 toneladas de coltán en controles fluviales y terrestres en la región oriental del país. En Colombia, este mineral suele traficarse bajo el nombre de arenas negras y puede alcanzar un valor internacional de hasta 350 dólares el kilogramo.
Testimonios recogidos en la investigación indican que mineros artesanales, incluidos integrantes de comunidades indígenas, deben entregar entre el 30% y el 50% del material extraído a grupos armados para poder trabajar en la zona. El interés de Washington en los recursos minerales de la región, particularmente en tierras raras y otros minerales estratégicos, también se ha intensificado en los últimos años. En septiembre, el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, visitó Barranquilla para firmar un memorando de entendimiento con el canciller colombiano, Omar Bula, destinado a garantizar cadenas de suministro diversificadas para minerales críticos y tierras raras.
Este acuerdo contempla garantías, préstamos, inversiones de capital, acuerdos de compra y medidas de facilitación normativa, incluyendo la cláusula first look, que otorga a Estados Unidos la prioridad para conocer oportunidades de inversión minera en Colombia antes que otros países. Seis semanas después, la Agencia Nacional de Minería (ANM) publicó un proyecto que propone ampliar la lista de minerales estratégicos del país para incluir tierras raras, litio, uranio, estaño, bauxita y minerales asociados al niobio y el tantalio, componentes esenciales del coltán.
El interés estadounidense en recursos en Venezuela
El interés estadounidense en los recursos minerales de Venezuela también ha mostrado signos de fortalecimiento. En marzo, el secretario del Interior de Estados Unidos, Doug Burgum, se reunió en Caracas con la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, y con representantes de más de dos-dozen de empresas estadounidenses del sector minero. En ese mismo mes, el Departamento del Tesoro autorizó ciertas transacciones relacionadas con minerales venezolanos, incluyendo oro, y abrió la posibilidad de negociar futuros contratos de inversión, sujeto a autorizaciones posteriores.
Por otra parte, Reuters informó que la Administración Trump había consultado a empresas sobre su interés en invertir en la minería en Venezuela y que evaluaba posibles medidas para ampliar el acceso de Estados Unidos a los recursos del país sudamericano.
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