Condena al Estado por inyección inadecuada que causó secuelas infantiles

El Consejo de Estado establece responsabilidad de la Nación por lesión infantil tras administración inadecuada de inyección en Antioquia

Fallo ratifica existencia de falla en la prestación del servicio de salud

El Consejo de Estado determinó que existió una falla en el servicio de salud tras comprobar que una inyección intramuscular fue aplicada fuera de la zona anatómica segura, causando lesiones permanentes en un menor de edad. La sentencia, emitida por la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso Administrativo, ordena a la Nación el reconocimiento de indemnizaciones a favor del joven y sus familiares por los daños ocasionados.

Detalles del caso y antecedentes de la lesión

El incidente ocurrió el 9 de junio de 2008, cuando los padres de un niño de cuatro años lo llevaron a urgencias en la Clínica de la Policía de Envigado, en Antioquia, por un cuadro de fiebre y dolor generalizado. Como beneficiarios de los servicios médicos de la institución por la afiliación de su padre, el menor fue atendido en esa clínica. Durante la valoración, los médicos diagnosticaron una infección de vías respiratorias superiores y prescribieron un tratamiento que incluía una dosis de dipirona sódica por vía intramuscular, además de otros medicamentos.

Un auxiliar de enfermería administró la inyección en el glúteo derecho del niño. Según consta en la demanda, inmediatamente después del procedimiento, el menor gritó, se orinó y perdió el conocimiento. Sus padres relataron que, a pesar de estos hechos, el personal de enfermería minimizó la reacción y, posteriormente, el niño continuó presentando dolor en la pierna derecha.

La progresión de la lesión y diagnóstico médico

Al poco tiempo, las evaluaciones médicas revelaron una afectación en el nervio ciático derecho, que ocasionó una lesión nerviosa severa. En julio de 2008, las comprobaciones médicas indicaron que el menor presentaba una neuralgia en dicho nervio, acompañada de cojera, contractura muscular y deformidad física permanente en la extremidad afectada, lo que fue confirmado por el Instituto de Medicina Legal. La evaluación también evidenció una pérdida de capacidad laboral del 35% debido a las secuelas físicas.

Durante los años siguientes, el niño, conocido en el proceso judicial como ‘Roberto’ para proteger su identidad, continuó enfrentando múltiples complicaciones. En febrero de 2009, el Hospital Pablo Tobón Uribe reportó que sufría un dolor neuropático de difícil manejo, que requirió tratamiento con altas dosis de tramadol y llevó a un episodio de paro respiratorio. La condición contribuyó a que desarrollara dependencia a medicamentos opioides, incluyendo morfina, y a que intentara suicidarse en varias ocasiones, además de ser diagnosticado con un trastorno por dolor crónico vinculado a factores psicológicos y a una enfermedad médica.

Impacto emocional y económico en la familia

El daño físico y psicológico afectó profundamente a la familia del menor. Testimonios recabados en el proceso señalaron que la madre del niño sufrió dificultades económicas severas, llegando incluso a vender su vivienda y negocio para cubrir los gastos de la atención y tratamiento del menor. Una vecina y la novia del tío también relataron los sacrificios y las dificultades enfrentadas por la familia, incluyendo episodios de desesperación en los que la madre se encadenó en instituciones judiciales en busca de ayuda para afrontar los gastos médicos.

Peticiones judiciales y condena a la Nación

Los padres de Roberto presentaron sendas demandas contra la Nación, dirigidas tanto contra el Ministerio de Defensa como contra la Policía Nacional, argumentando que la fallida atención médica y la técnica incorrecta en la aplicación de la inyección provocaron las graves secuelas en su hijo. Las acciones judiciales buscaron que se reconocieran los daños y se ordenara la reparación integral.

Tras un exhaustivo proceso, incluyendo múltiples evaluaciones médicas y periciales, el Tribunal Administrativo de Antioquia condenó a la Nación al pago de perjuicios morales, daños a la salud y daños materiales, incluyendo lucro cesante y daño emergente. Sin embargo, la entidad interpuso recurso de apelación, argumentando que la condición del menor también podría haberse visto afectada por incumplimientos en el deber de cuidado de la madre y alegando que las medidas adoptadas por las autoridades, como el despido de la auxiliar de enfermería, fueron pertinentes y oportunas.

Responsabilidad del Estado y fallo del Consejo de Estado

Finalmente, el Consejo de Estado, al analizar el caso, fundamentó su decisión en que existió un daño antijurídico, personal y permanente, derivado de una falla del servicio atribuible a la organización sanitaria. La sentencia precisa que el personal de enfermería administró la inyección fuera de la zona anatómica segura, en un contexto institucional y bajo indicación del médico tratante.

El tribunal también concluyó que la lesión del nervio ciático estuvo directamente relacionada con la técnica inadecuada en la aplicación del medicamento, de modo que si esta se hubiese realizado correctamente, el daño no se habría producido. En virtud de ello, ordenó a la Nación reconocer las indemnizaciones por daño a la salud, perjuicios morales, lucro cesante y daño emergente, además de pagar a los familiares del menor una reparación por las secuelas físicas y psicológicas que perduran en la actualidad.