El gobierno de Perú declaró el estado de emergencia en cinco penales de alta seguridad, como medida para fortalecer la seguridad ciudadana. La decisión fue tomada por el Ejecutivo liderado por Keiko Fujimori y se aplica en las cárceles de Challapalca, en Tacna; Cochamarca, en Pasco; Miguel Castro Castro; Ancón I, en Lima; y Trujillo Varones, en La Libertad. El decreto tiene una vigencia de 60 días y abarca un radio de hasta 200 metros alrededor de cada establecimiento.
En el área afectada, se suspenden legalmente los derechos a la libertad de tránsito, reunión y seguridad personal. El gobierno indicó que la Policía Nacional, junto con las Fuerzas Armadas, realizará acciones para controlar el perímetro exterior, el espacio aéreo y el espectro electromagnético inmediato de las prisiones.
Operaciones militares y policiales en cárceles de alta seguridad
Las operaciones incluyen un control estricto de accesos y labores de inteligencia con el fin de prevenir fugas. Además, se llevarán a cabo operativos constantes para decomisar teléfonos móviles, tarjetas SIM y armas que estén en posesión de los presos.
Luis Galarreta, primer ministro del país, afirmó que 'independientemente de la espera de la aprobación de la solicitud de facultades, el Gobierno Nacional, a través de sus diversos sectores, impulsa medidas contra la inseguridad'. 'Estamos seguros de que con las facultades actuaremos con más fuerza', añadió.
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