La fiscal de la causa, Angelita Romano, denegó formalmente el pedido planteado por el exsenador del Partido Nacional Jorge Gandini para acceder a las actuaciones reservadas de la denominada Operación Trazador. La magistrada fundamentó su resolución sosteniendo de forma categórica que el legislador e integrante del directorio de la Administración Nacional de Puertos (ANP) en representación de la oposición no reviste la condición procesal de indagado ni de víctima dentro del expediente judicial.
La solicitud había sido presentada a título personal por el propio Gandini, quien pretendía tomar conocimiento de los elementos recabados en la carpeta investigativa luego de que su nombre y el de su esposa, la contadora Laura Scalabrino Muga, fueran mencionados públicamente en relación con los avances del caso. Sin embargo, la respuesta del Ministerio Público se mantuvo estrictamente apegada a la normativa del Código del Proceso Penal, confirmando el carácter reservado de las diligencias previas para cualquier persona ajena a las partes legitimadas.
Acceso restringido y reserva de la investigación
En la respuesta cursada por la fiscalía a la que tuvo acceso la prensa, la doctora Angelita Romano subrayó que las actuaciones de la investigación preliminar llevadas a cabo tanto por el Ministerio Público como por la autoridad administrativa poseen carácter estrictamente reservado para terceros. Asimismo, citó la resolución reglamentaria aplicable al caso, la cual establece de manera explícita que una vez concluida la indagatoria, la información contenida en el expediente continúa manteniendo la reserva legal frente a cualquier sujeto externo al procedimiento.
El dictamen judicial precisa de forma puntual que la persona requirente «no se encuentra dentro de las hipótesis previstas para poder acceder» al material acumulado en el expediente. Al no ostentar la calidad de indagado ni de víctima, el Ministerio Público concluyó que carece de habilitación legal para remitir las actuaciones o autorizar la compulsa de los tomos. La comunicación institucional añadió, sin embargo, que las partes formalmente reconocidas en el proceso —es decir, las víctimas, los indagados y sus correspondientes defensas técnicas— mantienen en todo momento el libre acceso a la investigación realizada a su respecto.
Orígenes del caso y derivaciones del proceso
La Operación Trazador constituye un procedimiento judicial contra el crimen organizado que derivó en la condena de tres personas por delitos vinculados al tráfico ilícito de sustancias y al lavado de activos. Entre las personas condenadas en este marco figura Pablo Leiva, quien se desempeñaba como asesor del edil Gonzalo Gómez, referente del grupo juvenil de Por la Patria, sector político encabezado precisamente por Jorge Gandini. Tras la confirmación de la sentencia por lavado de dinero proveniente del narcotráfico, Leiva fue desvinculado de sus tareas de asesoría.
Durante las diligencias que derivaron en la desarticulación de la red, los investigadores constataron que el involucrado realizaba pagos de facturas en locales de cobranza de la red Abitab, entre ellos uno cuya titularidad pertenece a la esposa de Gandini. Asimismo, en el registro de audio grabado por las cámaras corporales de los efectivos policiales al momento de su detención, el condenado expresó que trabajaba para un cambio. Estos elementos provocaron un intenso debate público y mediático en torno a los eventuales vínculos de los implicados con el entorno del dirigente nacionalista.
Postura de la defensa del honor familiar
En el escrito remitido a la fiscalía para solicitar la apertura del expediente, el líder del sector Por la Patria puso de manifiesto que su intención obedecía a la necesidad de defender el honor personal y familiar. Gandini argumentó que ni él ni su esposa habían sido contactados ni citados a declarar por ninguna autoridad policial o judicial durante las jornadas previas. Por este motivo, y de forma voluntaria sin patrocinio letrado, solicitó formalmente el acceso a la carpeta reservada para constatar el tenor de las informaciones circulantes.
A pesar de que el exsenador manifestó su convicción de que le asistía el derecho de tomar conocimiento de las actuaciones judiciales para responder ante los trascendidos en medios de comunicación, la fiscalía ratificó que las garantías procesales de reserva no contemplan la apertura de actuaciones a personas que no estén imputadas ni sean damnificadas directas en el delito investigado.
Marcos normativos y garantías institucionales
El pronunciamiento del Ministerio Público reafirma la aplicación irrestricta de las reglas de reserva que rigen las investigaciones criminales en la República Oriental del Uruguay, un mecanismo diseñado para resguardar la eficacia de las indagatorias y proteger los derechos fundamentales de las partes intervinientes. En términos procesales, la reserva de las actuaciones busca evitar filtraciones indebidas y preservar las pruebas obtenidas ante posibles interferencias de terceros ajenos a la causa.
Aunque este tipo de expedientes genera repercusiones mediáticas debido a la investidura pública de las figuras mencionadas en las derivaciones de las investigaciones policiales, las decisiones fiscales reafirman la primacía de las garantías constitucionales sobre los reclamos de carácter mediático o político. La normativa vigente impide cualquier tratamiento diferencial en la transmisión de información reservada, asegurando la equidad procedimental en los estrados judiciales.
Próximos pasos en el ámbito judicial
Con la negativa de la fiscalía confirmada, el proceso penal correspondiente a la Operación Trazador continuará su curso habitual en las etapas posteriores dictaminadas por las autoridades jurisdiccionales competentes. Mientras tanto, el expediente permanecerá estrictamente acotado a los profesionales acreditados en la causa y a los organismos de contralor establecidos por la ley.
Por su parte, las repercusiones de la resolución se mantienen en el terreno político y judicial local. Jorge Gandini continuará desempeñando sus funciones institucionales en la Administración Nacional de Puertos, habiendo dejado asentada su disposición formal ante el Ministerio Público, sin que la sede penal haya dispuesto medida ni citación alguna a su respecto.
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