La censura volvió a colarse en la agenda del Carnaval de Salto tras la difusión de un comunicado de la Asociación Civil Salteña de Escuelas de Samba (ACSES) que impone límites estrictos al trabajo periodístico. Lejos de aclarar, las explicaciones posteriores de la Comisión sumaron ruido y dejaron más dudas que certezas.
El documento prohíbe expresamente a periodistas y comunicadores emitir opiniones, juicios de valor o análisis durante las transmisiones, con la advertencia de retirar acreditaciones de forma inmediata y negar futuras coberturas. La medida generó cuestionamientos directos que fueron planteados a Verónica Palacios, presentada como representante de la Comisión de ACSES.
Las preguntas fueron claras y puntuales: cuál es la norma legal que respalda la prohibición, quién define qué constituye una opinión, un análisis o una descalificación, y bajo qué criterios objetivos se aplican sanciones cuando el propio reglamento es ambiguo. Palacios no pudo responder ninguno de esos puntos.
Ante la insistencia periodística, la jerarca sostuvo que el tenor de las preguntas resultaba “intimidante”. Desde el periodismo se remarcó que esa es la forma habitual de preguntar cuando se regulan derechos y se administra un evento público, y que no se trató de ataques personales sino de consultas básicas sobre responsabilidades institucionales.
El comunicado de ACSES no cita leyes, decretos ni resoluciones que respalden la censura que pretende imponer. Tampoco establece procedimientos claros, instancias de descargo ni garantías mínimas frente a sanciones. En los hechos, habilita decisiones discrecionales que dejan a comunicadores y medios expuestos a castigos sin debido proceso.
El impacto trasciende lo comunicacional. El Carnaval es una expresión cultural sostenida con recursos públicos, donde participan vecinos, artistas, cooperativas y organizaciones sociales. Limitar el análisis periodístico no solo empobrece la cobertura, sino que debilita el control ciudadano sobre la gestión.
A este escenario se suma otro foco sensible: la adjudicación de las cantinas. Cooperativas y colectivos vinculados al Carnaval denuncian falta total de información sobre quiénes las explotan, bajo qué criterios se asignan y quién es el responsable del proceso. Los llamados se repiten, las respuestas no llegan y el hermetismo se mantiene.
No hay listados públicos, no hay llamados abiertos visibles ni rendiciones claras. Ese silencio institucional genera malestar y sospechas, especialmente cuando se trata de una fuente de trabajo clave para muchas familias durante la fiesta. En un contexto económico complejo, la opacidad en el manejo de estos recursos no pasa inadvertida.
La combinación de censura a la prensa y falta de transparencia en las cantinas expone una forma de gestión que esquiva el control y reacciona mal ante las preguntas. Cuando una representante de la Comisión acusa de intimidación a quien consulta por normas y recursos, el problema deja de ser de formas y pasa a ser político e institucional.
Preguntar no es intimidar. Preguntar es cumplir con una responsabilidad profesional y ciudadana. Y cuando no hay respuestas, el silencio también comunica.
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