Fiscales uruguayos inician juicio millonario al Estado por sueldos

Por Arturo Mondragón

El café de la mañana en la sede de la calle Cerrito, donde el ajetreo de expedientes y la tensión propia de la investigación penal nunca descansan, hoy tiene un sabor distinto. Ya no es solo el Código del Proceso Penal, la carga de trabajo o la falta de recursos lo que monopoliza las charlas de pasillo. La noticia corre como reguero de pólvora entre los escritorios: tras años de promesas que se desvanecieron en el aire de las comisiones parlamentarias, la inmensa mayoría de los fiscales decidió que es hora de cambiar los papeles por las demandas judiciales.

Claudia González, presidenta de la Asociación de Magistrados Fiscales del Uruguay, lo confirmó con la firmeza de quien sabe que no queda otra salida. “Ya tenemos las firmas”, deslizó, poniendo fin a un ciclo de negociación que se estiró más de lo que el gremio estaba dispuesto a tolerar. Son cerca de 300 fiscales —casi la totalidad del cuerpo— que irán contra el Estado. El reclamo no es menor: exigen una equiparación salarial con los jueces que, sostienen, la propia ley orgánica les garantiza pero que la realidad administrativa les niega sistemáticamente.

Un laberinto de números y espejos rotos

El conflicto, que parece una novela interminable de despachos ministeriales, tiene una raíz clara: la ley orgánica de la Fiscalía establece que el sueldo de un fiscal debe ser el mismo que el de su “cargo espejo” en el Poder Judicial. Sin embargo, en el mundo real, los números no coinciden. La brecha es de un 4,8%, una cifra que, aunque parezca pequeña en un papel, acumulada durante años y multiplicada por cientos de funcionarios, se transforma en un agujero negro de millones de dólares.

La historia del diferendo es un laberinto de espejos. En 2022, mientras los jueces lograban una corrección salarial tras un largo litigio, los fiscales miraban desde la vereda de enfrente. El gobierno intentó parchar la herida con leyes que, una tras otra, se revelaron insuficientes o inaplicables. La última propuesta, que exigía la firma del 80% de los fiscales para activarse, quedó en el limbo, condenada al fracaso por la falta de confianza en una solución que los fiscales sienten que nunca llega.

El costo de la justicia

“Estimamos unos 6 millones de dólares”, dice González. La cifra no es caprichosa. Es el cálculo de lo que el Estado uruguayo deberá desembolsar si la Justicia les da la razón. Pero más allá de los dólares, el juicio encierra una batalla simbólica. Los fiscales sienten que han sido relegados en la estructura del Estado, realizando una tarea de altísima responsabilidad —la persecución penal de los delitos— con un reconocimiento salarial que no se condice con su par en la judicatura.

La política, mientras tanto, sigue observando. Algunos legisladores sugieren que el presupuesto no da para más; otros, en voz baja, admiten que el reclamo es justo pero que el Estado no puede permitirse el lujo de perder un juicio de esta magnitud. El problema es que, mientras se discuten partidas de dinero en el Palacio Legislativo, la Fiscalía se desangra internamente. A esta bronca por el salario general se le suma la vieja herida de los adscriptos y adjuntos, donde fiscales con la misma responsabilidad cobran sueldos distintos, una distorsión que la administración reconoce pero nunca logra corregir.

¿Un punto de no retorno?

El expresidente del gremio, Willian Rosa, solía decir que la justicia tiene una vara alta para todos, pero a veces, paradójicamente, la propia administración parece olvidarse de aplicar esa vara para adentro. La decisión de ir a juicio es una señal clara de que la diplomacia gremial se agotó.

Ahora, la pelota está en la cancha de los magistrados. El Estado deberá defender una postura que, según los fiscales, es insostenible jurídicamente. Para el ciudadano de a pie, la noticia suena a otro conflicto de sueldos entre funcionarios públicos. Para el sistema de justicia, es una crisis que llega en el peor momento posible. Cuando la Fiscalía se sienta en el banquillo de los acusados contra su propio empleador, es porque algo, definitivamente, se rompió en el mecanismo del Estado.