En el año 2025, México se mantuvo como el país más peligroso para ejercer el periodismo en América Latina, según el informe Estructuras del Silencio: censura, opacidad y vigilancia de la organización Artículo 19. Este documento detalla un panorama alarmante: informar en México sigue siendo una actividad de alto riesgo, en un contexto marcado por violencia letal, impunidad y la utilización de mecanismos institucionales de presión.
Un año letal para los comunicadores
Durante 2025, Artículo 19 documentó el asesinato de siete periodistas, una desaparición y 451 agresiones, posicionando a México en el primer lugar regional en violencia letal contra la prensa. En conjunto con Guatemala y Honduras, estos países sumaron 12 homicidios de comunicadores, evidenciando una crisis extendida en Centroamérica.
El informe destaca que estas agresiones no son incidentes aislados, sino que forman parte de un patrón de violencia e impunidad estructural. De las 451 agresiones documentadas, 199 correspondieron a un “ambiente hostil” (44.12%), 151 a abuso del poder público (33.48%) y 53 a violencia física y ataques directos (11.75%).
Las amenazas y la estigmatización como armas
Uno de los mecanismos más frecuentes de agresión son las amenazas, con 112 casos documentados, lo que significa que en México un periodista es amenazado cada cuatro días. Además, se registraron 65 casos de estigmatización, de los cuales un 60% provinieron de autoridades o actores políticos. Estos discursos, lejos de ser neutrales, pueden convertirse en detonantes de agresiones en un contexto de violencia.
La violencia letal y la impunidad persistente
Desde el año 2000, al menos 176 periodistas han sido asesinados en México debido a su labor, mientras que 32 siguen desaparecidos. En 2025, se registraron también ocho intentos de asesinato. Artículo 19 denuncia una “impunidad estructural”, señalando que la mayoría de las investigaciones fallan al no considerar la labor periodística como línea principal, presentando además graves deficiencias, incluyendo prácticas de revictimización.
El Estado como mecanismo de presión
El informe también señala el uso del aparato estatal como herramienta de censura. Durante 2025, 67 periodistas y medios enfrentaron procesos legales: 29 de carácter electoral, 17 penales, 13 civiles y ocho administrativos. En el 73.13% de estos casos, las acciones fueron promovidas por funcionarios o actores políticos, convirtiendo al sistema de justicia en un medio para inhibir el ejercicio periodístico, más allá de buscar ganar los casos.
Obstáculos en el acceso a la información
El documento alerta sobre los obstáculos en el acceso a la información, detectando un patrón de respuestas incompletas, inexistentes o injustificadas en solicitudes oficiales. Se reportó que el 32% de las respuestas fueron incompletas, el 53.3% indicaron inexistencia de información y el 84% de los encuestados identificaron prácticas reiteradas de opacidad. Además, se criticó que la instancia “Transparencia para el Pueblo” desechó cerca del 99.6% de los recursos de revisión en sus primeros meses, priorizando la administración sobre el análisis de fondo.
La censura digital y el desplazamiento forzado
En el ámbito digital, se documentaron 17 casos de censura en línea, donde se eliminaron o restringieron contenidos periodísticos, en un entorno caracterizado por opacidad y baja trazabilidad. A nivel territorial, las ciudades de México y Puebla se destacan como focos rojos, donde la violencia contra la prensa ha forzado a muchos periodistas a desplazarse para proteger su integridad.
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