La sombra del “Sobrino” y los millones del cannabis
La trama que une a Juan Sartori con la marihuana legal en Uruguay acaba de sumar un capítulo cinematográfico en las cortes de Bahamas. Según publica Busqueda. Un fallo judicial de marzo de 2025 condenó al empresario español Francisco Ortiz von Bismarck —tataranieto del unificador de Alemania— a pagarle US$ 3 millones al exsenador nacionalista. Lo que parece una disputa comercial entre dos miembros del jet set internacional es, en realidad, una prueba documental de cómo Sartori habría utilizado estructuras offshore y testaferros para controlar parte del mercado del cannabis recreativo en nuestro país sin reportarlo a las autoridades de control.
El dictamen de la jueza Simone Fitzcharles arroja luz sobre una carta clave de 2021. En ella, Ortiz von Bismarck admite actuar como “fiduciario simple” de Sartori, manejando acciones de empresas como Flowr Corporation y Terrace Global Inc., ambas vinculadas estrechamente a la producción de marihuana legal en Uruguay. El problema para el exlegislador es que estos activos nunca aparecieron en sus declaraciones juradas presentadas ante la Jutep en 2020, 2022 o 2025, lo que configura una omisión patrimonial severa que el sistema político difícilmente pueda ignorar.
La jugada oculta en el mercado de la marihuana legal en Uruguay
De acuerdo con la reconstrucción de los hechos, el esquema comenzó en 2017. Mientras el gobierno de la época habilitaba a las dos primeras empresas para producir el cannabis que se vendería en farmacias, Sartori ya era el dueño de una de ellas: ICC Corp. Sin embargo, el juicio en Bahamas revela que, a través de la sociedad Inception Investment Corp (con sede en Islas Vírgenes Británicas), el uruguayo intentó quedarse también con la otra licenciataria, Simbiosys (Faises SA), utilizando a Ortiz von Bismarck como pantalla.
Este movimiento estratégico habría permitido a Sartori tener intereses económicos directos en el 100% de la producción de marihuana legal en Uruguay en su etapa inicial. Ante la Secretaría Nacional para la Lucha contra el Lavado de Activos (Senaclaft), Ortiz von Bismarck se presentó como el beneficiario final, jurando que los fondos eran propios. No obstante, las admisiones judiciales de Sartori en Bahamas confirman que el español “seguía únicamente sus instrucciones”, lo que deja en evidencia un engaño deliberado a los organismos de contralor uruguayos.
El desmantelamiento de las políticas de transparencia
La omisión patrimonial de Sartori no es un hecho aislado. El senador ya había sido declarado omiso por la Jutep a fines de 2023 por negarse a entregar información sobre el patrimonio de su esposa, Ekaterina Rybolovleva. Pero este nuevo hallazgo sobre la marihuana legal en Uruguay es cualitativamente distinto: se trata de activos propios, generados en territorio nacional y bajo un marco regulatorio estricto. La carta de 2021 también menciona otras sociedades como Ofina Financial Inc. y Chameli Limited, que fueron piezas clave en presuntas maniobras de fraude denunciadas en 2021 por el multimillonario francés Hervé Vinciguerra.
Según el relato de Vinciguerra, Sartori utilizó estas empresas para desviar capital de Union Agriculture Group (UAG) en beneficio propio, inflando valores de transacciones para “robar” valor a los accionistas. La empresa Chameli Limited, que figuraba a nombre del socio alemán pero respondía a Sartori, fue una de las que recibió acciones de UAG como pago. Este entramado de sociedades espejo operando en el sector de la marihuana legal en Uruguay y el agro muestra un patrón de conducta que prioriza el anonimato financiero por sobre las obligaciones éticas de un servidor público.
El rol de los legisladores y el silencio profesional
En medio de este escándalo, aparece el nombre de otros actores políticos locales. Juan Martín Jorge, actual diputado por el Partido Colorado y exjefe legal de las empresas de Sartori, figura como el escribano que tramitó hipotecas y domicilió sociedades clave como Oransur SA, dedicada al cáñamo industrial. Al ser consultado sobre su participación en estos negocios vinculados a la marihuana legal en Uruguay, Jorge se amparó en el secreto profesional, una respuesta que, si bien es legal, deja un vacío de respuestas en un momento de alta sensibilidad política.
El impacto de este fallo en Bahamas recién comienza a sentirse en el Parlamento. Mientras Sartori mantiene su perfil empresarial con cargos de dirección en gigantes como Tether, en Uruguay la Jutep deberá decidir si reabre el expediente sobre su patrimonio. La marihuana legal en Uruguay fue concebida como un mercado regulado y transparente para combatir el narcotráfico; el uso de estructuras de confianza y testaferros aristocráticos para ocultar la propiedad real de las licencias parece ir a contramano del espíritu de la ley.
¿Es posible que un sistema de control diseñado para detectar el dinero del narcotráfico sea tan permeable ante las sofisticadas estructuras de ingeniería financiera del poder político?
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