Ministerio de Defensa revela posibles irregularidades en programas de atención a desmovilizados

El ministro de Defensa, mayor general retirado Jorge Eduardo Mora López, informó que la cartera remitió a la Fiscalía General de la Nación un reporte detallado sobre presuntas irregularidades relacionadas con la contratación y el manejo de recursos destinados a la atención de desmovilizados y al sometimiento individual a la justicia durante la administración anterior del sector de la defensa. El anuncio se hizo en medio de investigaciones que buscan esclarecer posibles hechos ilícitos en este ámbito.

Alertas por posibles irregularidades en contratación y recursos

Según el funcionario, se habrían detectado anomalías en el Grupo de Atención Humanitaria al Desmovilizado, una dependencia clave en los procesos de desmovilización y sometimiento a la justicia en el país. Mora López explicó que la decisión de acudir a la Fiscalía se tomó con el fin de garantizar la transparencia y la correcta gestión de los recursos públicos, en cumplimiento con la misión constitucional del sector de la defensa, que implica administrar con rigor, responsabilidad y transparencia.

Dentro del Ministerio de Defensa, se identifican tres líneas estratégicas principales: la desmovilización individual y el sometimiento a la justicia, la prevención del reclutamiento ilícito mediante campañas de difusión que informan sobre beneficios jurídicos, económicos y sociales, y la incidencia en la reducción del reclutamiento ilegal y la violencia contra la población infantil y adolescente. El Grupo de Atención Humanitaria al Desmovilizado se enfoca en promover estos objetivos mediante acciones específicas para desmovilizar y orientar a quienes han estado involucrados en grupos armados.

Presuntas irregularidades en contratos y financiamiento

El ministro Mora detalló que las alertas se centran en contratos firmados para diversos fines, tales como operar hogares de paz, entregar bonos de vestuario y calzado, suministrar bienes y servicios, además de actividades de difusión institucional. Entre las irregularidades detectadas, se mencionan pagos por obligaciones incumplidas, fallas en la supervisión contractual, inconsistencias en las cuentas de cobro, dificultades para rastrear el uso de bonos y la posibilidad de sobrecostos. También se señalan presuntos ofrecimientos de dádivas, el uso particular de transporte y alimentos, y la existencia de ingresos ficticios mediante identidades falsas para acceder a beneficios económicos.

El Ministerio indicó que es responsabilidad de la Fiscalía determinar la veracidad de estos hechos y evaluar si existen méritos para imputar responsabilidades penales. Además, precisó que otras autoridades competentes deben actuar conforme a sus funciones, garantizando siempre el respeto al debido proceso, la presunción de inocencia y la independencia de las investigaciones.

“Desde esta cartera, seguiremos colaborando con la justicia, fortaleciendo los controles internos y protegiendo los recursos públicos con absoluto respeto por la independencia judicial”, afirmó Mora López.

Contexto y avances en procesos de desmovilización

En noviembre del año pasado, el Comando General de las Fuerzas Militares divulgó avances importantes en los procesos de desmovilización y sometimiento a la justicia por parte de los grupos armados, procesos acompañados por el Grupo de Atención Humanitaria al Desmovilizado. En esa oportunidad, se informó que, desde el inicio de la administración del expresidente Gustavo Petro, 450 personas ya se habían desmovilizado y otras 891 se habían desvinculado, mientras que más de 1.800 individuos se sometieron a la ley en diferentes etapas.

El Gobierno también actualizó los incentivos económicos mediante la Directiva Permanente 18 de 2025, que establece incentivos para promover la desmovilización, el sometimiento, la entrega de menores y de material de guerra, así como la provisión de información útil para las autoridades. Los pagos varían desde 2,5 salarios mínimos mensuales para la desvinculación de un menor, hasta 280 salarios para la entrega de cabecillas principales, además de recompensas por descubrimiento de laboratorios, campos minados o dinero ilegal.

Asimismo, el Gobierno mantiene un enfoque especial en los hogares de paz, que son espacios donde los desmovilizados y sus familias reciben atención integral, alimentación y apoyo psicosocial durante un período de 90 días. En estos lugares, también se recopila información y se realiza una planificación para la reintegración social y económica de quienes han dejado las armas, en un proceso que busca promover la paz y la estabilidad en el país.