En la puerta de un depósito, la escena es casi surrealista. Entre cajas con miles de teléfonos móviles incautados en operativos contra el microtráfico y autos de alta gama que alguna vez lucieron en las calles como símbolos de poder narco, se respira un cambio de era en la persecución penal. El Estado uruguayo ha pasado de la pasividad a una estrategia más agresiva: vaciarles los bolsillos a quienes operan fuera de la ley.
Según datos obtenidos por El País en un pedido de acceso a la información, la magnitud es considerable. Solo en los últimos dos años y medio, el Fondo de Bienes Decomisados de la Junta Nacional de Drogas (JND) ha tomado control de miles de activos, desde simples electrodomésticos hasta aeronaves, con un valor que se mide en millones de dólares. Ya no se trata solo de incautar para guardar; se trata de gestionar para devolver a la sociedad una parte de lo que el delito intentó arrebatarle.
De la mansión al remate
La ingeniería detrás de este proceso es compleja. No es solo cuestión de agarrar un bien y ponerlo a la venta. Implica una coordinación aceitada entre jueces, fiscales y la JND para evitar que los bienes “desaparezcan” antes de que la Justicia dicte el decomiso. El recuerdo de errores del pasado —como aquel edificio Ciudadela que se esfumó mientras las autoridades miraban— ha servido de lección. Hoy, la orden es clara: medidas cautelares inmediatas.
El mercado se mueve rápido. Hace poco, un apartamento en Pocitos fue rematado con tal éxito que unas 70 personas se acercaron a visitarlo, atraídas por la posibilidad de adquirir un bien de origen ilícito en una puja legal. En los próximos tres meses, la agenda de remates incluye propiedades en la Costa de Oro, Montevideo y Punta del Este. El objetivo es claro: ir al corazón de la estructura financiera criminal.
Un cambio en la carga de la prueba
¿Por qué ahora vemos más decomisos que hace una década? La respuesta radica en la evolución legislativa. Con la ley contra el lavado de activos de 2017, las reglas del juego cambiaron drásticamente. “Ahora el que pierde, sabe que pierde”, comenta un abogado penalista. La carga de la prueba se invirtió: ya no es solo el Estado quien debe demostrar el origen ilícito, sino que el imputado debe acreditar la licitud de su patrimonio.
Esta nueva herramienta, denominada “decomiso ampliado”, permite incluso ir por los bienes que están a nombre de familiares o allegados, rompiendo esa red de testaferros que antes protegía a los grandes capos. Es un mensaje político y judicial que empieza a calar hondo: las organizaciones criminales, que ahora contratan estudios contables para intentar darle una apariencia de legalidad a sus fortunas, se encuentran con un Estado que ha aprendido a seguir el rastro del dinero.
¿A dónde va el dinero?
El fin último de esta gestión no es acumular trofeos. La distribución de los fondos recaudados —ya sea por la venta de un auto, una joya o una propiedad— tiene destinos sociales críticos. El 25% va directo al Fondo Nacional de Recursos para financiar medicamentos de alto costo, mientras que porcentajes significativos refuerzan a la Fiscalía y al Ministerio del Interior.
No obstante, el sistema no está exento de polémicas. La adjudicación directa de vehículos a ministerios o dependencias estatales a veces genera ruido político. Sin embargo, desde el Fondo defienden la eficiencia: a veces, el costo de mantener un bien hasta su remate supera el valor de venta, y en esos casos, ponerlo a trabajar para la policía resulta más lógico.
El desafío de la sostenibilidad
Sin embargo, el camino no está libre de baches. La gestión de bienes complejos —como caballos de carrera que pierden valor sin entrenamiento, o cargamentos de granos— requiere una agilidad que no siempre es sencilla de lograr en la administración pública. El equipo, pequeño pero persistente, recorre el país insistiendo a los jueces sobre la importancia de aplicar el “sentido común”: decomisar lo que es objeto del delito, sin caer en el absurdo de retener objetos que solo generan costos de depósito.
Al final del día, el decomiso de estos activos es más que una transacción económica. Es un intento por desmantelar la estructura simbólica que el narcotráfico y el lavado construyen alrededor de sus figuras. “Vaciarles los bolsillos”, como dicen en los pasillos de la JND, es quizás la forma más contundente que tiene el Estado de decir que, ante la ley, ningún botín es eterno.
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