La Organización de las Naciones Unidas denunció este viernes a Irán por recurrir de forma sistemática a la pena de muerte, calificándola como una “herramienta de intimidación estatal”. Según la Oficina de Derechos Humanos del organismo, el país ejecutó al menos a 841 personas entre enero y el 28 de agosto de 2025, con un aumento marcado durante julio, mes en el que se registraron 110 casos. Este repunte duplica la cifra del mismo mes del año anterior y refuerza la preocupación internacional por el patrón de represión vigente.
La portavoz de la ONU, Ravina Shamdasani, sostuvo que las autoridades iraníes hicieron caso omiso a los reiterados llamados para sumarse al consenso mundial que busca eliminar la pena capital. Subrayó que las cifras de este año confirman un incremento significativo de ejecuciones en la primera mitad de 2025, lo que refleja un uso planificado de este castigo contra grupos vulnerables, en particular minorías étnicas y migrantes.
En su intervención, Shamdasani remarcó que la aplicación de la pena de muerte en Irán tiene un impacto desproporcionado sobre sectores históricamente discriminados. La funcionaria explicó que actualmente existen once personas en el corredor de la muerte. Seis enfrentan cargos de “rebelión armada” vinculados a la Organización de los Muyahidín del Pueblo de Irán (PMOI), mientras que otras cinco están condenadas por su participación en las protestas de 2022, originadas tras la muerte bajo custodia de la joven kurda Mahsa Amini, detenida por llevar presuntamente mal colocado el velo.
La vocera destacó que la pena de muerte resulta incompatible con los principios básicos del derecho a la vida y con la dignidad humana, al generar un riesgo permanente de ejecución de inocentes. “Nunca debe aplicarse a conductas amparadas por el derecho internacional de los derechos humanos”, señaló con firmeza.
Asimismo, reiteró la solicitud de Naciones Unidas al gobierno iraní para detener de inmediato la ejecución de quienes esperan sentencia final. Shamdasani recordó que el Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Volker Turk, ya había instado a Teherán a imponer una moratoria sobre el uso de la pena capital, planteando ese paso como condición indispensable hacia la abolición definitiva.
La denuncia internacional vuelve a colocar en el centro del debate global la situación de los derechos humanos en Irán. En un momento en que la mayoría de los países ha avanzado hacia la eliminación de la pena capital, la política iraní se mantiene como un retroceso notorio. La ONU insiste en que los Estados deben adoptar compromisos claros para proteger la vida y garantizar procesos judiciales compatibles con los estándares internacionales.
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