El aire en el Palacio Legislativo se cortaba con cuchillo este martes. Lo que comenzó como un intento de fiscalizar la salud pública se transformó en una guerra de trincheras donde las palabras «delincuente» y «cortina de humo» fueron apenas el comienzo de un intercambio que, lejos de cerrarse, parece haber entrado en su fase más crítica. La bancada de diputados del Partido Nacional lanzó una advertencia clara: si no prospera la creación de una comisión investigadora que abarque la totalidad de la gestión en la Administración de Servicios de Salud del Estado (ASSE), el presidente del organismo, Álvaro Danza, terminará en los estrados judiciales.
La movida fue anunciada por el diputado nacionalista Federico Casaretto, quien tras semanas de intentos fallidos por alcanzar un consenso, dejó en claro que la paciencia del oficialismo —ahora en la oposición— llegó a su límite. «Si no tenemos la opción legislativa, vamos a denunciar», sentenció el legislador, cerrando la puerta a cualquier otra instancia de mediación.
El centro del conflicto: ¿qué quieren investigar?
Para entender el calibre de la amenaza, hay que mirar el objeto de la disputa. Los blancos han insistido en que una comisión investigadora debe ser integral. Esto implica mirar hacia atrás, analizando la gestión de Leonardo Cipriani, pero también poner una lupa, casi microscópica, sobre los meses que lleva Álvaro Danza al frente del prestador público.
El eje de las acusaciones contra Danza es específico y, según la oposición, alarmante. El diputado Casaretto sostiene que el actual presidente de ASSE percibió indebidamente una partida por «dedicación permanente» durante ocho meses, a pesar de mantener otras actividades laborales paralelas. «Eso es una estafa al Estado. Eso es una apropiación indebida de recursos», disparó con contundencia. Para los blancos, el hecho de que Danza no haya renunciado a ese beneficio, incluso teniendo incompatibilidades funcionales, constituye una irregularidad que requiere, cuanto menos, una investigación parlamentaria, o en su defecto, la intervención de un juez penal.
El tono sube a niveles de ruptura
La narrativa de la oposición se ha radicalizado. Juan Martín Rodríguez, coordinador de la bancada nacionalista, no se anduvo con vueltas y calificó a Danza como «un delincuente» en declaraciones que resonaron en todo el arco político. Según los legisladores blancos, esta ha sido «la peor gestión en materia de administración de salud» desde que existe el organismo.
Desde el oficialismo, la respuesta ha sido una combinación de defensa y contraataque. Federico Preve, diputado del Frente Amplio, sostiene que todo este movimiento no es más que una «cortina de humo» para desviar la atención de los cuestionamientos que pesan sobre la administración anterior y, específicamente, sobre la gestión de la ministra de Salud, Cristina Lustemberg. La postura del FA ha sido, hasta ahora, reticente a incluir la gestión Danza en la investigadora, lo que ha bloqueado cualquier acuerdo de mayorías parlamentarias.
La salud pública en medio del fuego cruzado
El presidente del directorio del Partido Nacional, Álvaro Delgado, intentó bajar las revoluciones —sin demasiado éxito— al señalar que «no se puede hacer política menor con la salud pública». Sin embargo, el mensaje de Delgado también incluyó un dardo: calificó de «gobernar con el retrovisor» la actitud de la actual administración.
Mientras el reloj legislativo corre hacia la sesión de este martes, el ambiente en los pasillos del Palacio no da señales de tregua. La pregunta que queda flotando es si este enfrentamiento es un último intento de acuerdo o el inicio de un proceso judicial que terminará salpicando la gestión de la salud pública con denuncias cruzadas. En cualquier caso, el caso Danza ya no es solo una discusión por partidas salariales; es el terreno donde se está librando una batalla política que promete dejar heridos en todos los sectores.
