La prolongada crisis humanitaria en la Franja de Gaza ha generado un deterioro sin precedentes en las condiciones de vida de la población civil, afectando de manera desproporcionada a mujeres y niñas. De acuerdo con una serie de informes elaborados por el Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA), los casos de matrimonios precoces y forzados sufrieron un incremento del 123% durante el segundo trimestre de este año en comparación con el primero. Esta problemática abarca a adolescentes de entre 12 y 17 años en un contexto signado por la destrucción masiva, el hacinamiento y el colapso institucional.
Los datos analizados por la agencia internacional, recopilados en forma conjunta por diez organizaciones que operan en la zona del conflicto, confirman que la falta de recursos básicos, el hambre extrema y el desmantelamiento de los sistemas comunitarios exponen a la población femenina a un riesgo severo y creciente de sufrir violencia de género. En campamentos de desplazados sobrepoblados ubicados en la ciudad de Gaza y Jan Yunis, aproximadamente 1,2 millones de palestinos viven en tiendas de campaña o refugios improvisados, carentes de condiciones mínimas de privacidad y seguridad.
Erosión del entramado social y vulnerabilidad de las niñas huérfanas
Antes del estallido del conflicto armado entre Israel y Hamás en 2023, la tasa de alfabetización y el desempeño académico de las mujeres en Gaza superaba al de los hombres en los niveles superiores a la educación primaria. Sin embargo, con el cierre prolongado de las instituciones educativas, alrededor de 700.000 niños y adolescentes quedaron al margen del sistema escolar presencial. La falta de espacio seguro ha derivado en que los varones busquen trabajos informales para el sustento familiar, mientras que las jóvenes enfrentan mayores riesgos de acoso y abusos dentro de las instalaciones de refugio.
El reporte del UNFPA, fundado en investigaciones de campo ejecutadas entre finales de 2025 y principios de 2026, ubica a las niñas huérfanas como el colectivo más frágil ante el avance del matrimonio precoz. El testimonio de mujeres que residen en los campamentos de desplazados da cuenta de situaciones en las que familiares a cargo deciden casar a adolescentes de 14 y 15 años para transferir la responsabilidad económica tras la muerte de sus padres durante las operaciones militares. Asimismo, organizaciones locales han documentado intercambios de menores de edad por alimentos básicos para asegurar la supervivencia del núcleo familiar.
En el marco legal de la Franja de Gaza, la normativa establece la edad mínima de matrimonio en 17 años, aunque permite excepciones excepcionales con el consentimiento de los tutores y la venia judicial para menores de 14 años y siete meses. Durante el desarrollo del conflicto, el cierre continuado de los tribunales islámicos anuló de forma de facto las garantías y evaluaciones judiciales previa autorización de estas uniones.
Denuncias de violencia sexual y riesgos en la salud materna
El análisis especializado elaborado por el grupo de trabajo del UNFPA resalta que las agresiones sexuales y violaciones han alcanzado niveles críticos. Durante el período comprendido entre abril y junio de 2026, los incidentes denunciados de violencia sexual aumentaron un 61% respecto al trimestre previo, representando el 2,7% del total de los casos reportados de violencia de género. El organismo precisa que la mayor parte de las víctimas identificadas son mujeres adultas de entre 18 y 59 años, seguidas por un 8% de adolescentes y un 5% de varones adultos.
Las auditorías de seguridad realizadas en los centros de alojamiento reflejan riesgos agudos durante las horas nocturnas en los accesos a los servicios sanitarios y letrinas comunales. Esta falta de infraestructura segura incrementa la vulnerabilidad de mujeres viudas o de aquellas cuyos cónyuges se encuentran detenidos o desaparecidos, quienes actualmente encabezan cerca del 25% de los hogares gazatíes, el doble de la proporción registrada en el período previo a las hostilidades.
Desde la perspectiva médica, el Centro de Asuntos de la Mujer en Gaza y otras entidades asociadas advierten sobre las graves implicancias fisiológicas del embarazo precoz en adolescentes con cuadros severos de desnutrición y falta de controles sanitarios. Las jóvenes enfrentan un riesgo marcadamente superior de padecer abortos espontáneos, complicaciones obstétricas y partos de bebés con bajo peso.
Marcos internacionales sobre violencia de género en zonas de conflicto
La propagación del matrimonio forzado y la violencia sexual en contextos de conflagración bélica está catalogada por la Organización de las Naciones Unidas como una violación grave a los derechos humanos y una manifestación de la violencia de género. La Resolución 1325 del Consejo de Seguridad de la ONU sobre Mujeres, Paz y Seguridad insta a las partes involucradas en disputas armadas a implementar medidas específicas para proteger a las mujeres y niñas de la violencia sexual y la explotación en situaciones de emergencia humanitaria.
Diversos organismos internacionales enfatizan que el colapso de las estructuras de protección jurídica, la militarización del espacio público y la pérdida del acceso a la educación formal constituyen catalizadores clave para la reaparición de prácticas nocivas que afectan el desarrollo integral de la infancia en regiones bajo crisis prolongadas.
Perspectivas de asistencia y recomendaciones de los organismos
Frente al panorama documentado, el representante del UNFPA en Palestina, Nestor Owomuhangi, enfatizó la necesidad de restablecer los servicios esenciales de salud reproductiva y psicológica para mitigar los daños sufridos por la población civil. Los organismos de ayuda internacional instan a las autoridades correspondientes a autorizar el ingreso de insumos clave para la mejora de los refugios, material de iluminación y equipamiento adecuado para la instalación de servicios de saneamiento con garantías de privacidad.
En paralelo a la asistencia de emergencia, las organizaciones no gubernamentales palestinas proyectan el desarrollo de campañas de sensibilización comunitaria y el restablecimiento de mecanismos de denuncia confidencial, con el objetivo de brindar contención legal y sanitaria a las sobrevivientes de abusos a medida que se logre estabilizar la prestación de ayuda humanitaria en el territorio.
Dejá tu comentario
Comentá con tu nombre y Gmail. Tu correo es privado y nunca se publica.