La Comisión Interamericana de Derechos Humanos denuncia el aumento de crímenes contra periodistas en Colombia y Guatemala en 2026
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) manifestó su rechazo ante el asesinato del comunicador comunitario y líder social Julián Andrés Hincapié, cuyo cuerpo fue hallado sin vida el 2 de octubre de 2026 en una zona rural del municipio de Anorí, en Antioquia. Con este caso, la cifra de periodistas asesinados en Colombia durante este año ascendió a cuatro, según informó la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión (RELE).
Detalles del asesinato y contexto en Antioquia
Julián Andrés Hincapié había sido reportado como desaparecido desde el 10 de septiembre, después de salir presuntamente de su vivienda acompañado por un vecino. Fuentes abiertas indican que el líder social tenía interés en documentar temas relacionados con el conflicto armado y la minería artesanal en la región. El organismo de derechos humanos exigió a las autoridades colombianas una investigación rápida, exhaustiva y diligente para determinar las circunstancias y posibles motivos del crimen, así como para identificar, juzgar y sancionar a los responsables.
La RELE resaltó que ha tomado nota de las advertencias de organizaciones de la sociedad civil acerca de los riesgos y amenazas que enfrentan los periodistas en Antioquia. Asimismo, hizo referencia a las alertas de la Defensoría del Pueblo sobre la creciente confrontación entre grupos armados en el nordeste del departamento, incluyendo el municipio de Anorí. La Comisión subrayó que este contexto representa un riesgo particular para quienes ejercen el periodismo, participan en procesos comunitarios o defienden derechos en esa región.
Otros casos de periodistas asesinados en 2026
Con el asesinato de Hincapié, la cifra de comunicadores asesinados en Colombia en lo que va del año llega a cuatro, tras los casos de Mateo Pérez Rueda, Cristian Herrera y Jader Luis Durango. La Relatoría insistió en la necesidad de esclarecer si estos crímenes están vinculados a la labor informativa de las víctimas, aunque no especificó que esa fuera la única motivación. La recomendación principal es que las investigaciones permitan clarificar las circunstancias y los móviles de cada caso.
Situación en Guatemala y otras recomendaciones
La CIDH también se refirió al asesinato de Evelio Lisandro López Sánchez, ocurrido el 2 de octubre en San Pedro Necta, en el departamento de Huehuetenango. Lopez Sánchez, fundador y administrador del medio digital local Huehue es Noticia, fue atacado con arma de fuego cuando regresaba a su domicilio. Según reportes de medios locales citados por la Relatoría, López Sánchez había denunciado amenazas de muerte e intimidaciones relacionadas con su trabajo algunos días antes del ataque.
El organismo además tomó nota de las críticas sobre la demora en la actuación del Ministerio Público en la escena del crimen, señalando que las autoridades habrían llegado al lugar al día siguiente del homicidio. El Ministerio de Gobernación de Guatemala informó que la Policía Nacional Civil se encuentra realizando las diligencias correspondientes y brindando apoyo a la fiscalía en las investigaciones.
Para este caso, ya suman tres los comunicadores asesinados en Guatemala en 2026, después de los casos de Carlos Humberto Cal Ical y Emerson Dinael Colindres. La CIDH recordó que el asesinato de periodistas constituye la forma más extrema de censura, afectando no solo a las víctimas, sino también al derecho colectivo a la información.
Llamado a la protección y a la investigación
El organismo internacional citó los estándares de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que establecen que el ejercicio del periodismo solo puede llevarse a cabo en libertad cuando los comunicadores no están siendo víctimas de amenazas, agresiones u hostigamientos. También recordó que el Principio 9 de la Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión de la CIDH establece la responsabilidad de los Estados en prevenir estos hechos, investigarlos, sancionar a los responsables y ofrecer una reparación adecuada a las víctimas.
Finalmente, la Relatoría instó a las autoridades de Colombia y Guatemala a esclarecer los asesinatos, determinar si están vinculados con la labor periodística, y sancionar a quienes resulten responsables. Además, pidió adoptar medidas urgentes y efectivas para proteger a los comunicadores en situación de riesgo y garantizar condiciones que faciliten el ejercicio libre y seguro del periodismo en estos países.
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