Audiencia judicial contra jueza señalada por presunto soborno para liberar a ciudadano neerlandés
La Fiscalía General de la Nación de Colombia ha requerido judicialmente a la jueza Miryan Alcira Martínez López, quien se desempeña como titular del Juzgado 77 Penal Municipal con función de control de garantías de Bogotá. La investigación la vincula con un presunto pago de aproximadamente 1.200 millones de pesos colombianos destinado a facilitar la libertad de Marcus van der Boot, ciudadano neerlandés, mediante una orden judicial ilegal.
Imputaciones y participación en organización ilícita
El proceso también involucra a la abogada Emperatriz Herrera Cuenca y a Gualdo Garavito Mejía, funcionario del Centro de Servicios Judiciales. La fiscalía busca determinar si los imputados habrían desarrollado un plan para gestionar un hábeas corpus con el fin de favorecer la salida del extranjero de prisión de manera irregular.
En audiencia, la fiscal especialista contra la corrupción, Margarita Rosa López, afirmó que a la jueza Martínez López se le atribuye haber aceptado una promesa remuneratoria y, posteriormente, haber recibido dinero en efectivo para facilitar la liberación del detenido. La fiscal también señaló que la jueza será imputada por los delitos de cohecho propio y falsedad ideológica en documento público, además de enfrentar un cargo por prevaricato por acción, debido a la decisión que tomó en su calidad de juez.
Detalles del caso y antecedentes del trámite de libertad
El expediente indica que la orden de libertad fue dada el 13 de junio por la misma jueza, quien dispuso la liberación inmediata de Van der Boot. Además, se señala que se gestionó una modificación en el turno judicial para que el trámite de la libertad se realizara durante el fin de semana, en una maniobra que, según la fiscalía, buscaba favorecer al detenido en horarios alejados de la atención habitual.
La fiscal López explicó que, antes de la decisión problema, la defensa del ciudadano neerlandés había presentado dos solicitudes de hábeas corpus que fueron rechazadas por otros despachos judiciales. Una de esas solicitudes fue asignada al Juzgado 47 Penal del Circuito y la otra al Juzgado 58 Civil del Circuito de Bogotá. En ambos casos, los jueces dictaron fallos en contra del solicitante, hecho que quedó firme mediante las decisiones que emitieron.
Tras estos rechazos, la defensa del extranjero habría contactado a Herrera Cuenca para presentar una nueva solicitud ante la justicia. Según la fiscalía, la abogada habría coordinado con funcionarios judiciales para concertar una estrategia destinada a asegurar la liberación del detenido mediante un acuerdo ilícito.
Reuniones y supuestos arreglos ilícitos
La fiscal López reveló que, Según lo pactado, la abogada habría conseguido contactarse con una jueza de garantías y un funcionario en turno de reparto, a quienes prometió pagar dinero a cambio de gestionar la libertad del ciudadano neerlandés. Para ello, se habría concertado una reunión el jueves 4 de junio de 2026 en la sede judicial de Paloquemao, en Bogotá, donde Herrera Cuenca ingresó a la oficina del Juzgado 77 y se reunió con la jueza Martínez López.
Durante dicho encuentro, tal como lo sostiene la acusación, también participó una videollamada con Van der Boot, en la cual la jueza y la abogada confirmaron al detenido que continuarían con el acuerdo para conseguir su libertad. La fiscalía afirmó que estos actos constituyen una evidente manipulación del proceso judicial con fines ilícitos.
Es importante aclarar que las imputaciones formuladas por la fiscalía no constituyen una declaración de culpabilidad y que el proceso judicial continúa en su fase de actividades procedimentales en las cuales la jueza, la abogada y el funcionario implicados podrán ejercer su derecho a la defensa.
Investigación y antecedentes relacionados
El Consejo Seccional de la Judicatura de Bogotá abrió una vigilancia administrativa contra la jueza Martínez López, específicamente por su actuación en 2018, cuando autorizó la libertad del líder camionero Pedro Aguilar en una audiencia en la que participó una persona que simuló ser fiscal. La revisión busca determinar si la jueza fue engañada o incurrió en irregularidades durante el proceso.
En caso de que se encuentren indicios de responsabilidad, el proceso podría derivar en una investigación disciplinaria, la eventual separación del cargo y el remisión de los casos a la Fiscalía General de la Nación para su estudio legal. La jueza también ha declarado ante las autoridades por estos hechos y la revisión incluye antecedentes de otras decisiones controvertidas, como la orden de libertad en 2017 de un funcionario de tránsito investigado por corrupción.
También se analizan otras solicitudes de libertad que le fueron negadas previamente, incluyendo una basada en problemas de salud, con el fin de evaluar la coherencia y legalidad de todas sus actuaciones judiciales. La fiscalía continúa investigando posibles responsabilidades penales en el caso.
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