El concejal Juan David Quintero cuestiona la evaluación financiera del proyecto de renovación del Complejo Deportivo El Campín

Difusión de documentos que contrastan requisitos técnicos y avales distritales

El concejal de Bogotá, Juan David Quintero, ha divulgado en sus redes sociales una serie de documentos que ponen en duda la evaluación financiera realizada para la Asociación Público-Privada (APP) vinculada a la renovación del Complejo Cultural y Deportivo El Campín. La publicación surge en medio de recientes denuncias relacionadas con la viabilidad y las garantías del proyecto, una iniciativa que contempla una inversión estimada en 2,4 billones de pesos.

Contradicciones en las evaluaciones de solvencia y experiencia

Según los documentos, el Instituto Distrital de Recreación y Deporte (Idrd) habría otorgado la viabilidad a la APP CDEC S.A.S. a pesar de que, presuntamente, la firma no habría presentado los indicadores de solvencia requeridos en los análisis técnicos de la entidad. Quintero afirmó que el proyecto fue entregado a Sencia, empresa vinculada al grupo Sencia, sin que existieran pruebas de la capacidad financiera suficiente para ejecutar las obras.

El concejal también solicitó explicaciones sobre la experiencia constructiva acreditada por Sencia durante la fase de factibilidad, generando interrogantes sobre la idoneidad de la firma para liderar una inversión de esa magnitud.

Detalles sobre la evaluación financiera y las garantías

Uno de los documentos publicados corresponde a una respuesta del IDRD, fechada el 28 de agosto de 2023, dirigida a Rafael Tomás Osorio García, representante legal de APP CDEC S.A.S. En dicha comunicación, en la página 19, el instituto indica que el originador acreditó su capacidad financiera mediante una carta de intención de crédito del Grupo CAXXOR por 170 millones de dólares. Sin embargo, el modelo financiero presentado señalaba que el proyecto contemplaba un CAPEX de aproximadamente 464.705 millones de pesos, requiriendo que el proponente demostrara una capacidad de financiación de al menos 232.352 millones de pesos, equivalente al 50 % del valor total de la inversión.

El IDRD consideró suficiente la carta de intención de crédito por 170 millones de dólares para demostrar la financiación, pese a que el monto exigido era superior. En el documento, la entidad también resaltó que el originador había ajustado la cobertura de garantías para el cumplimiento contractual al 2,75 % en la etapa preoperativa, e incluyó una cláusula que permitía reemplazar la garantía en caso de que fuera imposible contratar un seguro de cumplimiento.

Observaciones sobre la evaluación en la etapa de factibilidad

Además, los documentos contienen observaciones respecto a la evaluación realizada en la fase de factibilidad, en la que se señala que el validador no habría identificado documentos que demostraran la capacidad financiera de APP CDEC S.A.S., conforme a los requisitos establecidos por el IDRD en noviembre de 2020. Entre estos requisitos, el Anexo 1, denominado “Apéndice Técnico, Legal y Financiero”, establecía que el patrimonio neto del proponente no podía ser inferior al 50 % del capital propio que aportaría al proyecto, que su índice de liquidez debía ser igual o superior a 1,0 y que su índice de endeudamiento no podía superar el 80 %.

El documento revela que el validador manifestó no haber recibido los soportes previstos en el numeral 4.4 del anexo, que permitían acreditar la capacidad financiera del originador. Asimismo, se detallan inconsistencias en la comprensión del proceso, pues en una reunión, APP CDEC S.A.S. afirmó que podía elegir entre demostrar experiencia financiera o capacidad financiera, un punto que el documento cuestiona por no estar establecido en las exigencias del IDRD.

Reacciones y solicitudes de explicación pública

El concejal Quintero expresó que las diferencias entre las observaciones del validador y la respuesta posterior del IDRD merecen una explicación pública clara, además de cuestionar la experiencia de Sencia en el campo de la construcción y el papel de la firma especializada que participa en el desarrollo del proyecto.

Asimismo, anunció que continúa publicando información adicional relacionada con el caso en su sitio web, dejando en evidencia su posición respecto a los presuntos errores en la evaluación técnica y financiera del proyecto, así como las posibles implicaciones para la transparencia en la contratación pública en Bogotá.