Senador Iván Cepeda solicita a la Corte Constitucional mantener la investigación contra Álvaro Uribe en manos de la Fiscalía

El senador Iván Cepeda, representante del Pacto Histórico, presentó formalmente una solicitud ante la Corte Constitucional para defender que la investigación penal en curso contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez por presuntos crímenes paramilitares continúe siendo manejada por la Fiscalía General de la Nación. La petición busca impedir que el expediente sea asumido por la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes.

La materia en discusión y el proceso judicial en curso

La petición del legislador se conoció minutos antes de que la Corte Constitucional programara una sesión extraordinaria de su Sala Plena, prevista para el próximo lunes, en la cual se abordará la competencia legal para continuar con el proceso penal. Esta sesión será presidida por el magistrado Jorge Enrique Ibáñez Najar, quien tendrá la tarea de decidir qué autoridad tiene la facultad para seguir con la investigación.

En su calidad de actor popular, Cepeda participó en el proceso respaldado por organizaciones de derechos humanos, como el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo (Cajar) y el Comité de Solidaridad con los Presos Políticos (Cspp). Ambos grupos suscribieron el memorial que fue enviado a los magistrados constitucionales.

Razones jurídicas para mantener la competencia de la Fiscalía

Según explicó el senador en su cuenta en X, anteriormente conocida como Twitter, las razones para solicitar que la investigación permanezca en manos de la Fiscalía radican en la naturaleza de los hechos y en el período en que ocurrieron. Cepeda argumenta que los delitos investigados corresponden a los años 1996 a 1998, etapa en la cual Uribe fue gobernador de Antioquia, y no durante su mandato presidencial.

El legislador destacó que la imputación de hechos y el auto de apertura de investigación formal corresponden a ese período específico, por lo que no existe fundamento legal para trasladar el proceso a la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes. En su opinión, ampliar la alcance de la pesquisa a periodos posteriores, como el año 2003, carece de respaldo constitucional.

Asimismo, compartió un documento presentado por las víctimas, en el que se señala que la solicitud de la Comisión de Investigación y Acusación parte de una inferencia que pretende extender automáticamente la conducta delictiva hasta 2003, utilizando la supuesta naturaleza permanente del concierto para delinquir. Sin embargo, el escrito aclara que la permanencia dogmática del delito no justifica la incorporación de hechos no investigados ni atribuidos previamente.

Origen y desarrollo del conflicto procesal

El conflicto de competencias surgió en junio de 2026, cuando la Fiscalía Tercera Delegada ante la Corte Suprema de Justicia inició una investigación formal contra Uribe Vélez por delitos relacionados con concierto para delinquir agravado y homicidio en persona protegida. Los hechos investigados se vinculan con hechos ocurridos en los corregimientos de La Granja en 1996 y El Aro en 1997, donde se registraron asesinatos colectivos, desplazamientos forzados y despojos de tierra.

Uribe rindió indagatoria en este proceso el 4 de septiembre de 2026. Poco después, en agosto del mismo año, la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara reclamó la totalidad de la actuación, entregando un expediente de 2.322 folios. Argumentó que el caso se extendió hasta 2003, situación que activa el fuero presidencial y permite que la investigación sea asumida por el Congreso.

Por su parte, la Fiscalía se opuso a esa reclamación, señalando que los hechos ocurrieron mientras Uribe ejercía como gobernador de Antioquia, por lo que la competencia sigue recayendo en la justicia ordinaria, y no en los congresistas.

Implicaciones y medidas judiciales relacionadas

En medio de este escenario de disputa, la Corte Suprema de Justicia abrió una indagación previa por presunto prevaricato contra los congresistas de la Comisión de Acusación que tramitaron el requerimiento, debido a la posible extralimitación en sus funciones. Además, la Fiscalía citó para el próximo 12 de noviembre las declaraciones de ex jefes paramilitares como Diego Fernando Murillo, alias Don Berna, y Rodrigo Pérez Alzate, conocido como Julián Bolívar, quienes aportarán testimonios clave en la indagación.